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Amenazas a la Seguridad: Documento 9:
La Legalización ¿Una alternativa viable para el Perú? Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú.
Registro Nº 2010-07026 El autor desea dejar constancia de su agradecimiento a todas aquellas instituciones y personas que contribuyeron a la elaboración de este documento. En particular a Carmen Masías y Alejandro Vassilaqui de CEDRO, por la valiosa información y disposición para absolver nuestras consultas; y a Sandra Namihas, María Méndez y Pablo Moscoso, investigadores del IDEI, por sus aportes y sugerencias en la elaboración del texto final. Fabián Novak / 3
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1. Presentación .7
2. Precisión conceptual . 11
3. análisis de la argumentación a favor de la legalización . 13
3.1. Supuesto fracaso de la actual política antinarcóticos . 13 3.2. Reducción del riesgo . 17 3.3. Protección del consumidor . 20 3.4. Disminución del consumo . 21 3.5. Mejor utilización de los recursos del Estado . 24 3.6. Decisión individual . 26 3.7. Caída de los precios . 29 3.8. Descongestión de las cárceles y del sistema judicial . 30 3.9. Coherencia con la política sobre el alcohol y el tabaco . 32 3.10. Implementación de una política propia y no "impuesta" . 36 3.11. Evitar la violación de Derechos Humanos . 37 4. la evidencia empírica . 41
4.1. Países Bajos . 41 4.3. Portugal . 46 4.4. Gran Bretaña . 46 4.6. Estados Unidos de América . 48 4.7. Canadá . 48 4.8. Australia . 49 5. Un breve comentario sobre el Perú . 51
6. conclusión final . 55
BIBLIOGRAFÍA . 57 Fabián Novak / 5
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La complejidad y diversidad de escenarios que la lucha antidrogas enfrenta, determina en algunos casos que no se alcancen los resultados esperados de manera uniforme, ni con la celeridad que se desea. Ello genera un sentimiento de impotencia, que es más acentuado en aquellos que no están directamente involucrados en la tarea de combatir las drogas, pero que como líderes de opinión sienten la necesidad de pronunciarse. Esta sensación de frustración ha motivado que en diversos países aparezcan corrientes de opinión sosteniendo la necesidad de cambiar la estrategia antinarcóticos vigente por una consistente en legalizar el uso de las drogas psicoactivas, en la convicción de que esto beneficiará a los consumidores, reducirá los riesgos para la sociedad y el Estado, y eliminará las mafias y los costos destinados a combatirlas. Este planteamiento tuvo sus orígenes en la primera mitad de la década de los ochenta del siglo pasado,1 y se vio reforzado internacionalmente, cuando el 30 de marzo de 1989 se reunieron en la ciudad de Roma (Italia) el ex secretario de Estado norteamericano George Schultz, los escritores Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Antonio Escohotado, Mario Vargas Llosa, Fernando Savater y el economista Milton Friedman, quienes conformaron la Liga Internacional Antiprohibicionista.2 1 En la década del 80´ esta tendencia aparece en los Estados Unidos de América, encabezada por Ethan A. Nadelmann, profesor de la Facultad de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de la Universidad de Princenton, el economista Milton Friedman y el profesor Arnold S. Trebach de la Universidad Americana. Véase INCIARDI, James. La Guerra contra las drogas. Las políticas públicas frente al continuo avance de la heroína, la cocaína, el crack, el delito y el SIDA. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993, p. 235. Por su parte, la prohibición moderna de las drogas empieza en el siglo XIX cuando la industria química médica empezó a introducir muchas drogas potentes que creaban hábito, como fue el caso de la heroína. En el caso de los Estados Unidos de América, fue la Ley Harrison de 1914 la que prohibió la venta de narcóticos en dicho país, lo que sirvió de modelo para muchos países en los dos primeros tercios del siglo XX. Véase DUPONT, Robert y Eric VOTH. "Política de drogas, legalización y reducción de daños", en: <www.cat-barcelona.com/pdfret/RET12.5.pdf>. Publicado en: RET, Revista de Toxicomanias, nº12, 1997. American College of Physicians Review, 1995. Adicionalmente, la Conferencia de Shangai de 1909 iniciaría internacionalmente la tendencia prohibicionista, aunque limitada al consumo de opio en los territorios y posesiones de los países participantes, seguida de la Conferencia de La Haya de 1912, la Convención Internacional sobre Restricciones en el Tráfico del Opio, Morfina y Cocaína de 19 de febrero de 1925 y el Convenio para la Supresión del Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas de 26 de junio de 1936. Véase LAMAS PUCCIO, Luis. "Reflexiones penales sobre el tráfico y consumo de drogas", en: Psicoactiva. Revista Científica del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. Lima: CEDRO, 1990, pp.6-7; RICO, José María. "Las legislaciones sobre drogas: origen, evolución, significado y replanteamiento", en: XXXV Curso Internacional de Criminología, Quito, 13-18 de agosto de 1984, pp.254 y ss.
HERRERA, Williams. La despenalización del narcotráfico. Santa Cruz: Sirena, 1996, p.155. A esta lista podría añadirse la campaña de apoyo a la legalización desarrollada por el diario El País de España desde 1988 así como el semanario londinense The Economist desde el mismo año. Véase NÚÑEZ, Isaac. Ante el debate actual sobre la drogodependencia. Madrid: Estudios Proyecto Hombre, 1994, p.44.
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Años más tarde, en el 2008, en Europa y en América Latina, se celebraron reuniones entre personalidades independientes, destinadas a evaluar los resultados obtenidos en la lucha contra las drogas, paralelamente a la reunión convocada por Naciones Unidas en Viena para realizar la misma tarea. La Comisión Latinoamericana estuvo presidida por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, quienes terminaron concluyendo en la necesidad de un cambio de enfoque, destinado a la legalización del consumo, frente al denominado fracaso de la estrategia de guerra contra las La alternativa que plantean los denominados "legalizadores", no niega la importancia de las acciones represivas, incluso con la participación de las fuerzas armadas en situaciones límite, sin embargo, señalan que estas acciones deben dirigirse tan solo a combatir el crimen organizado.4 En otras palabras, la reforma que proponen consiste en eximir a los consumidores de drogas de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por el consumo y por actos preparatorios como la adquisición, la simple posesión o el cultivo para consumo personal.5 Incluso, este sector simpatiza con las propuestas de que el consumidor-traficante sea tratado en una categoría separada del resto de traficantes.6 Para tal efecto, sostienen también la necesidad de revisar la clasificación de las drogas anexas a las Convenciones de Naciones Unidas de 1961 y 1971, proponiendo por ejemplo que el cannabis7 sea considerado una droga menor.8 Si bien la preocupación por parte de los "legalizadores" es legítima, creemos importante analizar los alcances que puede tener una propuesta de este tipo, a efectos de sopesar los pros y contras, y establecer su viabilidad en una realidad como la peruana.
COMISIóN LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS y DEMOCRACIA. Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma. 2009. En este documento se propone una nueva estrategia antidrogas basada en cinco acciones: transformar a los adictos de compradores de droga en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud; evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal; reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de recursos; focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado; reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas, combinando la erradicación con programas de desarrollo económico y social. JELSMA, Martín. Innovaciones legislativas en políticas de drogas. Lima: Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, octubre de 2009, p.4.
Nombre botánico de la marihuana. Véase ZAVALETA, Alfonso. Cocaína y sus efectos. Glosario de términos. Lima: CEDRO, 2010, p.5.
JELSMA, Martín. Ob. cit., pp.16-17.
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El tema sin duda es complejo y está lleno de mitos y de apreciaciones subjetivas, de uno y otro lado. Por esta razón, trataremos de tener especial cuidado en el análisis de los fundamentos que vienen sosteniendo los partidarios de la legalización, buscando establecer si se trata de una propuesta coherente y con base científica y empírica suficiente. Fabián Novak / 9
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2. Precisión conceptual
Antes de iniciar el análisis de los argumentos esgrimidos por los defensores de la legalización del consumo, habría que establecer una precisión conceptual. Esta se encuentra referida al uso indistinto que en la práctica se da a los vocablos "legalizar" y "despenalizar". En efecto, los partidarios de esta tesis así como sus detractores, muchas veces emplean ambos términos como sinónimos, no obstante que la doctrina establece una clara diferencia entre ellos, contribuyendo de esta manera a incrementar la confusión sobre esta temática.
Así, la legalización es un concepto más amplio que implica abolir la leyes y las penalidades asociadas que prohíban la producción, venta, distribución y posesión de drogas psicoactivas. Por tanto, la legalización de las drogas buscaría en la práctica el mismo tratamiento que se da al alcohol, el tabaco o la aspirina. En este sentido se plantea la eliminación de penas y procesos judiciales a los consumidores de drogas, la existencia de programas de mantenimiento para la adicción (que incluyen el intercambio de agujas o el tratamiento con metadona),9 la eliminación de programas de detección de drogas en centros laborales, la venta de determinadas drogas sujeta a regulación por parte del Estado, entre otras medidas de prevención y tratamiento del adicto.
Por el contrario, la despenalización sería un concepto más reducido, destinado a quitar la penalidad a la posesión de droga para el consumo, manteniendo la prohibición de la venta, distribución, importación y niveles de posesión de droga en cantidades mayores a las permitidas por la ley.10 La legalización por tanto, no sólo es un concepto más amplio que la despenalización sino también da lugar a distintas posibilidades de implementación, desde los regímenes absolutamente permisivos, como el que prevalece para el caso del alcohol, hasta regímenes más restrictivos, donde la distribución gubernamental de la droga se da exclusivamente a aquellos que demuestran su adicción antes de una fecha determinada.11 Para efectos de este trabajo, nos referiremos, fundamentalmente, a la propuesta de "legalización" en el sentido señalado en este numeral, por ser además el planteamiento que vienen impulsando ciertos sectores en nuestro país.
En el caso de China se cuenta con un millar de clínicas que proporcionan metadona y programas de intercambio de agujas. 10 INCIARDI, James. "Marihuana Decriminalization Research: A Perspective and Commentary", en: Criminology, nº 19, mayo de 1981, pp. 145-159. REUTER, Peter. El debate sobre la legalización. País Vasco: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1994, p. 9.
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3. análisis de la argumentación a favor de la legalización
Los partidarios de la legalización sostienen su propuesta en un conjunto de argumentos que pasamos a analizar a continuación: 3.1. Supuesto fracaso de la actual política antinarcóticos
El punto de partida de los que sostienen la legalización es que la actual política para combatir el tráfico ilícito de drogas ha fracasado, basándose para ello, en el incremento del número de consumidores, el aumento de la producción y la mayor violencia ejercida por los cárteles de la droga en el mundo.12 Se plantean como ejemplos los casos de Estados Unidos, Colombia y México, aunque también la crítica se extiende a Europa, señalándose que la Unión Europea mantiene intacta la demanda de drogas ilícitas, estimulando con ello su producción y exportación.13 En relación a este primer argumento, creemos importante hacer dos precisiones: a. La primera de ellas, es que se parte de la premisa que la política imperante en el mundo es la denominada "guerra contra las drogas",14 denominación poco feliz que alude a la política construida por el gobierno de Richard Nixon y continuada luego por Ronald Reagan,15 que en un primer momento se traducía en una real y exclusiva militarización de la lucha contra este fenómeno delictivo. Se trataba, sin duda, de una concepción errada que actualmente pocos Estados se atreven a sostener. Hoy en día, la mayoría de países como el nuestro, manejan una concepción diferente y moderada. En efecto, el Perú entiende que el combate al narcotráfico no es un asunto militar, y que debe ser enfrentado con una estrategia integral que incluye diversos tipos de acción, desde la policial represiva hasta la prevención primaria y la educación, pasando por la erradicación de los cultivos ilícitos, el control de los insumos químicos y los programas de desarrollo económico social. 12 SOBERóN, Ricardo. Una Evaluación de la Guerra contra las Drogas en el Perú (1978-2008). Lima: Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, enero de 2010.
13 COMISIóN LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS y DEMOCRACIA. Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma. p. 3.
14 CARDOSO, Fernando Henrique. "El desafío de las drogas. Un necesario cambio de estrategia", en: O'Globo (traducido por Jorge Gutiérrez y distribuido por The New york Times para el diario El Comercio de Perú), 2009: "Hasta ahora, la estrategia dominante ha sido la llamada ‘guerra contra las drogas'. Fue bajo su amparo, sustentado fundamentalmente por Estados Unidos, que Naciones Unidas (ONU) ha firmado convenios para generalizar la penalización del uso y la represión de la producción y del tráfico de drogas". 15 REUTER, Peter. Ob.cit., p. 22: "La adopción del término ‘guerra contra las drogas' ofreció un fácil blanco a los legalizadores".
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b. La segunda precisión es que en el Perú no se puede generalizar y afirmar que la lucha antidroga ha fracasado. Primero, porque los niveles de consumo de drogas cocaínicas básicamente se han mantenido en los últimos 10 años. No obstante el bajo costo de las drogas en el Perú, el consumo se mantiene en niveles moderados. Segundo, porque existen ejemplos de regiones como Ucayali y más aún San Martín, bastiones históricos del narcotráfico, que han logrado una reducción significativa en la producción de coca-narcotráfico, producto de la aplicación de una estrategia integral que incluye labores de interdicción, erradicación y programas de desarrollo económico y social. A ello hay que agregar las 80,000 hectáreas ganadas al narcotráfico que hoy están dedicadas a cultivos lícitos, muchos de los cuales se exportan con éxito al exterior. Este éxito ha sido incluso reconocido por un reciente informe de la Comisión Europea.16 Tercero, porque en las demás regiones donde el narcotráfico va en aumento (Huánuco, Ayacucho, Cusco, Puno, entre otras), simplemente no se ha aplicado esta estrategia integral. En ellas se han desarrollado más bien medidas parciales e intermitentes que no han tenido ningún éxito. En otras palabras, afirmar que una estrategia ha fracasado cuando esta no ha sido aplicada o en algunos casos ni siquiera ha existido, no resulta por decir lo menos, cierto.
c. Adicionalmente, habría que señalar que incluso, si pudiéramos afirmar válidamente que la política antidroga en el Perú ha fracasado, de esto no se deriva necesariamente que la salida sea la legalización. Para llegar a esta última afirmación es necesaria una evidencia científica y empírica suficientemente sustentada. De lo contrario, estaríamos avalando un planteamiento motivado tan sólo por el cansancio e impotencia frente a los resultados de la actual política antidrogas, siendo empujados a una retirada fácil ante un esfuerzo inacabable.17 De otro lado, si el fracaso o la dificultad fueran suficientes para abandonar la lucha contra un fenómeno determinado, deberíamos también legalizar todas las actividades criminales que siguen imperando en el mundo, como la trata de personas, el tráfico de armas, el terrorismo, por no señalar otros delitos comunes menores, que se producen e incrementan a diario y sin duda, se seguirán produciendo. Asimismo, el hecho de que un mal tenga que ser combatido permanentemente no significa que la estrategia de combate haya fracasado necesariamente. En el caso de la pobreza por ejemplo, o de otros males endémicos, se requiere de un esfuerzo permanente por parte de las autoridades estatales, sin que los obstáculos o limitaciones lleven a la desesperación y a plantear medidas que no son una solución. REUTER, Peter y Franz TRAUTMANN. Ob. cit., pp. 9 y 53.
NÚÑEZ, Isaac. Ob. cit., p. 46.
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d. Finalmente, no es suficiente plantear como estrategia alternativa un conjunto de argumentos generales y menos aún ideas a debatir. Es necesario que se trate de una estrategia que por lo menos tenga confines claros y un contenido cierto. En este sentido ha señalado Inciardi: De entrada, puede aducirse que las propuestas de legalización actual de drogas no son propuestas. Si bien legalizar las drogas se ha debatido desde la Ley Harrison en 1914, nunca un defensor de la posición ha estructurado una propuesta concreta. Cualquier intento por legalizar las drogas sería sumamente complejo, pero todos los defensores tienden a proceder desde posiciones simplistas de hablar al tun tun sin desarrollar primero una propuesta sofisticada. Inclusive en medio del clamor de fines de los años ochenta y principios de los noventa a favor de la legalización, no podían encontrarse propuestas específicas que abordaran todos los temas complejos de control.18 Más allá de compartir o no todo lo dicho por Inciardi, lo cierto es que en el Perú, no se conocen propuestas integrales alternativas a la actual política de lucha antidrogas. La propia Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, titulada "Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma", es bastante general y ambigua, no ingresando al señalamiento de aspectos puntuales, que son vitales para comprender integralmente la propuesta y ver su viabilidad. A lo largo de este texto se utilizan expresiones tales como "es imperativo examinar", "evaluar", "explorar experiencias", que indican que la referida propuesta no está aún madura y requiere de mayor análisis y evidencia empírica. Como ya lo señalamos, no sería responsable iniciar la ejecución de una política sin contenidos claros, planes de acción concretos y bien estructurados, sobretodo en una materia tan delicada para la salud de la población y la seguridad del Estado.
Esta propuesta integral alternativa debería responder a preguntas como ¿qué drogas pretenden legalizarse? ¿Qué criterio sería el determinante para elaborar esta lista? ¿Quién debería ser la persona o entidad que defina esta lista? ¿Qué niveles de consumo deberían permitirse? ¿Qué nivel de potencia sería admitida en cada droga, teniendo en cuenta que estas son variables? ¿Deberían existir límites de edad respecto de quién puede o no consumir la droga? ¿Deberían existir profesiones excluidas de la legalización, o se piensa que un médico o un conductor de pasajeros pueden también drogarse? ¿Cómo INCIARDI, James. Ob. cit., p. 237.
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se mantendría libre de drogas a los pilotos de aviones19?20 ¿Qué sistemas de control o fiscalización proponen para evitar que menores de edad consuman drogas? ¿Porqué las medidas de regulación y fiscalización del Estado van a ser eficaces de legalizarse las drogas, si se está diciendo que estas medidas actualmente no funcionan? ¿El consumo estaría limitado a los adictos o a cualquier consumidor ocasional? ¿Se permitiría el consumo combinado de drogas? ¿En dónde deberían venderse las drogas? ¿Deberían ser locales de salud, farmacias, bodegas, máquinas de expendio comercial? ¿Las drogas se venderían bajo receta médica? ¿Sería necesario visitar al médico para conseguir en todo caso la receta? ¿De ser el caso, cuán a menudo deberían renovarse las recetas? ¿La droga que el Estado vendería de donde provendría? ¿Quién llevaría adelante el control de calidad de la droga? ¿La industria privada podría participar? ¿Se permitiría algún tipo de publicidad? ¿En qué lugares se permitiría el consumo de droga? ¿Cuáles serían las autoridades nacionales, regionales y locales competentes para aplicar esta política? ¿Qué reformas tendrían que desarrollarse a nivel del código penal u otros cuerpos legislativos nacionales para implementar esta política? ¿Qué impuestos tendrían que pagarse? ¿Quién pagaría los impuestos por la droga, los consumidores o toda la población? ¿La política de legalización sería de carácter nacional o cada región debería decidir qué política va a seguir (como proponen algunos "legalizadores")?21¿Cómo se solucionarían las incompatibilidades entre esta nueva política y los compromisos asumidos por el Perú a nivel de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en esta materia? En fin, son muchas las preguntas que tienen que ser respondidas antes de afirmar con tanta determinación una política pública alternativa seria y responsable. 19 Véase ZAVALETA, Alfonso. Ob. cit., p. 21: Sabiendo que el THC de la marihuana (componente químico de la marihuana) permanece en el cerebro por 12 semanas y que pilotos de avión que fumaron apenas un cigarrillo de marihuana, 50 horas después no fueron capaces de aterrizar correctamente el avión en un simulador de vuelo. 20 SEINFELD. Mina. Legalización ¿buena o mala idea? Lima: CEDRO, p. 3.
21 SOBERóN, Ricardo. Ob. cit., 2010, p. 22.
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3.2. reducción del riesgo
El segundo argumento señalado por quienes sostienen la necesidad de legalizar el consumo de drogas psicoactivas, parte por afirmar que las drogas siempre existirán, por lo cual debemos aprender a convivir con ellas de la mejor manera posible, buscando un consumo responsable y limitando los riesgos que dicho consumo implica.22 En este sentido, sostienen que la legalización de las drogas reducirá los niveles de violencia provocados por las mafias del narcotráfico (en tanto la compra y venta de drogas será lícita), también reducirá la violencia provocada por los consumidores (en tanto la droga consumida será de mejor calidad) e incluso limitará la violencia desarrollada por la fuerza pública del Estado. Para analizar este argumento central de quienes proponen la legalización de las drogas, debemos recurrir a autores como Castro de la Mata o Goldstein, quienes sostienen la existencia de tres tipos de violencia que se derivan de la droga:23 a. La violencia psico-farmacológica: Este nivel de violencia se plantea cuando el consumidor adicto comete o provoca un acto violento por efecto de alguna droga (ausencia de voluntad). En este primer nivel de violencia, resulta difícil sostener que el riesgo será eliminado o atenuado si legalizamos el consumo de drogas psicoactivas. El hecho de que el adicto consuma una droga legal o ilegalmente no anula ni reduce los efectos violentos que se pueden derivar de la misma. Así, está demostrado, que el consumo de drogas, por las alteraciones cognitivas y de respuesta motora que genera, aumenta el riesgo de accidentes en general, de tránsito o relacionados con el manejo. Concretamente, el 38% de las personas que se declaran fumadoras habituales de marihuana presentan un mayor porcentaje de accidentes de diversa índole, entre ellos accidentes de tránsito. Sólo en los Estados Unidos, los arrestos por crímenes cometidos bajo la influencia de la marihuana totalizaron los 750,000 casos. En el mismo sentido, un estudio francés revela que el 40% de los jóvenes muertos en accidentes de tránsito en ese país habían fumado cannabis; mientras que otro estudio hecho por el NIDA sobre conductores imprudentes que habían sufrido algún accidente de tráfico, dieron positivo en la prueba de cannabis en un 33%.24 CASTRO DE LA MATA, Ramiro. "Legalización de las drogas", en: Revista Psicoactiva, año XVI, nº 21, Lima: CEDRO, 2003, p. 3.
CASTRO DE LA MATA, Ramiro. Ob. cit., p. 4.
VILLASUSO, Ana, Rafael CORTÉS y Norma JUÁREZ. "Argumentos a favor y en contra de la legalización de la mariguana en México". En: MORENO, Kena (Coordinadora). Legalización de la Mariguana ¿A qué precio? México: Centro de Investigación Juvenil, 2009, pp. 286-287.
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Es más, sobre el argumento específico de que una droga legal, por su control de calidad, reduce los riesgos de violencia, habría que recordar que una droga legalizada como el alcohol y, por tanto, con controles de calidad, es la responsable de la mayoría de los accidentes de tránsito en el mundo así como de un grueso de la violencia familiar en el Perú y el resto de la comunidad internacional. Asimismo, debe precisarse que en el caso específico de las drogas cocaínicas —consumidas en el Perú— el control de calidad no reduce la cantidad de alcaloides ni los daños que su consumo puede provocar.
En este caso, por tanto, la legalización no garantiza una disminución del riesgo.
b. La violencia económico-compulsiva: Aquí la violencia se presenta como consecuencia de que el adicto carece de recursos suficientes para obtener más droga y, dominado por la apetencia, comete delitos (robos, asaltos) para conseguir dinero y obtener más droga. En este segundo nivel de violencia, también resulta difícil sostener que el riesgo será atenuado si legalizamos el consumo de drogas. Sea legal o ilegal, el consumidor tendrá que pagar un monto (en este caso, el Estado) por la droga que compra y, por tanto, siempre será factible que el adicto se encuentre en la "necesidad" de cometer un delito para consumir más droga. Contra lo dicho en el párrafo anterior se señala que la legalización reducirá los costos de la droga. Sin embargo, como veremos más adelante, esta afirmación no es cierta. Pero incluso, de serlo, la evidencia empírica demuestra que el precio de la droga tiene poco que ver en la reducción de este nivel de violencia, pues como ya lo hemos dicho, el consumidor adicto siempre podrá encontrarse en la necesidad de cometer un delito para consumir más droga, ante la falta de dinero para comprarla lícitamente. Por lo demás, y esto es muy importante, en el Perú una dosis de marihuana o de cocaína (que son las drogas más consumidas) cuesta menos de un dólar, por lo cual este último argumento de los "legalizadores" no se sostiene.25 c. La violencia por la distribución: Se refiere a los crímenes que se producen como consecuencia de las luchas entre los cárteles de la droga, los asesinatos de los sicarios, así como la violencia que recae en la fuerza pública del Estado. Para los que promueven la legalización de las drogas, de aplicarse esta nueva política, la producción, distribución y venta de drogas saldría de la escena delictiva, eliminándose así la violencia asociada con rivalidades por 25 CASTRO DE LA MATA, Ramiro. Ob. cit., p. 4. Así, un gramo de cocaína cuesta tres dólares en el Perú, es decir, a la fecha, menos de nueve soles.
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la distribución de drogas. Adicionalmente, la corrupción gubernamental disminuiría debido a la inexistencia de mafias interesadas en quebrar la voluntad de las autoridades.26 En este punto, nos encontramos ante un nuevo argumento inválido. Es necesario entender que la situación del Perú es distinta a la de países como Holanda o Portugal, no sólo por las diferencias en su desarrollo económico y social, así como geográficas y culturales, sino fundamentalmente porque nuestro país es el segundo productor mundial de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína, así como de pasta básica. El hecho de que el consumo y comercialización de drogas se legalice al interior de nuestro país, no alterará la situación del narcotráfico actualmente existente, pues se seguirá demandando la cocaína peruana en otros países (mercados de consumo) e incluso en nuestro propio mercado nacional, con lo cual la producción continuará así como las mafias que las proveen y sustentan. Como bien se señala, esto resulta tan ingenuo […] si Somalia legalizara el secuestro de barcos los piratas dejarían sus actividades para dedicarse a la pesca. O pensar que si Tailandia legalizara la prostitución infantil, las niñas dejarían los burdeles para irse a la escuela.27 La legalización en un país productor de drogas como el nuestro, no acabaría con las mafias del narcotráfico ni con los narcotraficantes que seguirán operando en el país para otros mercados. Como consecuencia de lo anterior, tampoco eliminará la corrupción de funcionarios estatales. Adicionalmente, es preciso hacer dos acotaciones. La primera, es que la legalización tampoco evitará que aparezcan otras mafias como las de los contrabandistas, como ocurre con el tabaco o el alcohol. La segunda, es que este tercer nivel de violencia es mucho menos frecuente que los dos primeros. Por tanto, el argumento de la reducción del riesgo en nuestro país, resulta por decir lo menos, débil. Como concluye el informe Reuter-Trautmann: "La reducción de daños ha ayudado a un número creciente de países, pero se centra sólo en un elemento pequeño del problema general de las drogas".28 26 INCIARDI, James. Ob. cit., p. 236.
27 BARREDA, Alfredo. "El Whisky no es cocaína", en: Diario El Comercio, Lima, 15 de febrero de 2010, p. A4.
REUTER, Peter y Franz TRAUTMANN. Ob. cit., p. 53.
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3.3. Protección del consumidor
Los partidarios de la legalización también sostienen que la reducción del riesgo se presentará por el hecho de que el consumidor accederá a una droga de mayor calidad, no poniéndose en riesgo su salud como consecuencia de una alteración en la composición química de la misma. Se arguye que la mortalidad surge en principio no por culpa de la propia droga, sino por la pureza adulterada y las sustancias peligrosas con las que son combinadas.29 Adicionalmente, se señala que el consumidor se coloca en serio riesgo cuando se le conduce a comprar droga al margen de la ley y sin que la policía se entere. El consumidor puede ser víctima de un crimen por parte de los micro- comercializadores o por parte de la propia fuerza pública al momento de ejecutar una intervención contra los primeros.30 Sin embargo, con relación a este argumento debemos señalar: a. Que si bien los consumidores que accedan a los lugares autorizados por el Estado para adquirir droga lícitamente, podrán efectivamente adquirir un producto de mejor calidad, el riesgo de una sobredosis continúa, así como los efectos nocivos en el organismo. Por otro lado, nada impedirá la existencia de un mercado negro, con sustancias adulteradas pero más baratas, como ocurre con el alcohol, especialmente para personas de escasos recursos. Incluso, los menores de edad, que suelen ser excluidos de un consumo legal, buscarán en ese mercado negro la alternativa que el mercado legal no les da. Asimismo, será ese mismo mercado negro el que proveerá de drogas duras, normalmente prohibidas en los países que apoyan la legalización. En consecuencia, la adulteración de la droga siempre estará presente y se dirigirá a los sectores más vulnerables de la sociedad.
b. De igual modo, se debe señalar que la adquisición de drogas en el mercado negro perpetuará los riesgos que los "legalizadores" pretenden combatir, pues los consumidores que acudan a este mercado, siempre estarán comprando al margen de la ley, con el peligro para su vida e integridad que ello implica.
REUTER, Peter. Ob. cit., p. 14.
BARNETT, Randy. "Una cura para la adicción a la legislación antinarcóticos. Efectos secundarios nocivos de la prohibición legal", en: HAMOWy, Ronald. Tráfico y consumo de drogas. Consecuencias de su control por el Gobierno. Madrid: Unión Editorial, 1990, p. 103.
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3.4. Disminución del consumo
Otro argumento que se esgrime a favor de la legalización es que disminuye el número de consumidores de drogas. Se supone que dados los niveles existentes de acceso a la mayoría de las drogas ilegales, los niveles habituales de consumo se equipararían a la demanda o, en el peor de los casos tendría un crecimiento limitado y pasajero.31 Se apoyan para ello, en el caso de Holanda, donde se dice que el incremento de los consumidores fue inicial pero luego habría ocurrido una estabilización, y en el caso de Portugal, donde desde el 2001 rige un modelo basado en la prevención, la asistencia y la rehabilitación, y donde no ocurrió una explosión en el consumo de drogas sino por el contrario una reducción, en especial, entre los jóvenes de 15 a 19 años.32 Sobre lo antes expuesto creemos importante señalar lo siguiente: a. La evidencia empírica demuestra que con la legalización el número de consumidores normalmente se incrementa. Ahí están los ejemplos de Suecia y Gran Bretaña, que tuvieron que retroceder en sus políticas permisivas y restablecer la penalización del consumo de marihuana, ante el notable crecimiento del consumo.33 Este fue también el caso de Alaska, que después de cinco años de haber legalizado las drogas, se dio cuenta del error, tardando nueve años en revertir la situación provocada por la legalización.34 En efecto, en 1975 la Suprema Corte permitió que los adultos en Alaska consuman marihuana en sus hogares y despenalizó la posesión para uso personal; en INCIARDI, James. Ob. cit., p. 236.
CARDOSO, Fernando Henrique. Ob. cit.
33 APAIRE, Etienne. Entrevista "Ni modelos coercitivos, ni libertad de consumo", en: Entrevista a Presidente de la Misión Interministerial de Lucha contra la Droga y la Toxicología de Francia, El Espectador, 6 de enero de 2010. Incluso, en una reciente encuesta hecha en Gran Bretaña, el 58% se manifestó en contra de legalizar el consumo de marihuana, y entre el 76 y el 79% se manifestó en contra de legalizar el uso de otras drogas como la cocaína, la heroína, el éxtasis, entre otras, precisamente por el convencimiento basado en su experiencia, de que la legalización incrementa el consumo. Al respecto, véase MORRIS, Andy. "Britons worried about drugs, but low support for legalization", en: Angus Reid Public Opinion, Londres, 20 de enero de 2010, pp. 1-5. En el mismo sentido TREBACH, Arnold y James INCIARDI. Legalize it? Debating American Drug Policy. Washington DC: American University Press, 1993; DE LA QUINTANA, Marcelo. Legalización de drogas. Lima: CEDRO, 2001, p. 3. Solo como referencia cabría señalar que en el Perú casi el 90% de la población se muestra desfavorable a una política de legalización de las drogas. Véase Diario El Comercio, 13-15 de enero de 2010. Asimismo, LLOSA, Teobaldo. "¿Legalizar las drogas?", en: El Comercio (El Dominical), 24 de enero de 2010, p. 11. Hace algunos años, en el caso de Francia, el 78% de los franceses apoyaba la prohibición total de la venta y consumo de drogas; en Italia solo el 21% estaba a favor de la legalización de las drogas blandas; en Noruega solo el 6% de los encuestados estaba a favor de un planteamiento más liberal hacia el consumo de cannabis; mientras que en Estados Unidos el 17% se mostró a favor de la legalización del consumo de marihuana. Sobre esto véase REUTER, Peter. Ob. cit., p. 13.
34 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASIAS. La Legalización de las Drogas. Un Dilema a Debatir. Manual de Trabajo para Coordinadores y Coordinadoras de Programas de Prevención y Tratamiento. Lima: CEDRO, 2002, p.10. Fabián Novak / 21
1988 se duplicó el consumo de marihuana entre los adolescentes de 12 a 17 años y, en 1999, la población de Alaska votó por volver a la penalización de la marihuana, lo que provocó una baja notable en el consumo.35 En los Estados Unidos, se experimentó en un corto tiempo con la despenalización de la marihuana, política que supuso un incremento significativo del número de urgencias médicas en comparación con otras áreas metropolitanas en las que el consumo de marihuana no estaba despenalizado.36 Por el contrario, la actual política norteamericana ha logrado una reducción del consumo de drogas cocaínicas en más de un 50% entre los jóvenes de 19 a 28 años de edad, esto es, del 32% que existía en 1986 ha bajado a 14.7% en el 2007.37 En Zurich, Suiza, se experimentó una invasión de consumidores de heroína tan pronto se estableció una zona de tolerancia (Platzspitz o parque de las agujas).38 Al operar como mercado libre de drogas por dos años, provocó no solo un incremento del consumo sino también que el homicidio, la pornografía, la prostitución, las riñas entre pandillas y demás lacras vinculadas al mercado negro, subsistieran cuando no incrementaran, a pesar de la legalidad.39 La propia Holanda, cuando llevó adelante su política de legalización en 1988, en los cuatro años siguientes el consumo de drogas por los jóvenes se cuadruplicó, el número de adictos a la heroína se triplicó y en 1997 se registró un incremento del 25% del número de adictos al cannabis, frente a un 3% de incremento en el caso de abuso de alcohol, viéndose obligada a modificar su legislación y hacerla más estricta.40 Esta modificación de su legislación también tuvo como base el hecho de que entre 1988 y 1993 el número de adictos registrados aumentó en 22%, el número de adictos a la marihuana entre 1991 y 1993, aumentó un 30%, el número de coffee shops donde acuden los consumidores pasó de 30 a 300 en una década,41 los disparos se incrementaron en 40%, los asaltos en 69% y los robos de coche en 62%.42 Finalmente, un reciente informe de la Comisión Europea reconoce en general que si bien el tratamiento ha reducido daños en los usuarios dependientes como en la sociedad, no ha reducido la prevalencia del uso de drogas.43 35 VILLASUSO, Ana, Rafael CORTÉS y Norma JUÁREZ. Ob. cit., p. 286.
36 DUPONT, Robert y Eric VOTH. Ob. cit.,4 NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE. Monitoring the Future. National Survey Results on Drug Use, 1975-2008. Vol. II. Maryland: U.S. Department of Health and Human Services, 2008, p. REUTER, Peter. Ob.cit., p. 17.
39 GUZMÁN, Maria Pía. "Legalización o penalización de la droga". En: HOPENHAyN, Martín (compilador). La grieta de las drogas: Desintegración social y políticas públicas en América Latina. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1997, p. 188.
40 SEINFELD, Mina. Ob. cit., p. 3. VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASIAS. Ob. cit., 2002, p. 17.
41 ALVAREZ, Karen. "Legalización de la marihuana por continente". En: MORENO, Kena (Coordinadora). Ob. cit., p. 122.
DUPONT, Robert y Eric VOTH. Ob. cit., pp. 3-4.
43 REUTER, Peter y Franz TRAUTMANN. Ob. cit., p. 53.
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b. Además de la evidencia empírica, debemos tener en cuenta que el incremento del consumo en los países productores como Bolivia, Colombia y Perú podría ser mucho mayor, dado que su población está más expuesta a acceder más fácilmente y a un menor precio a las drogas.44 y es que al no existir la barrera legal y moral de prohibición del consumo, un mayor número de jóvenes acude a la droga como parte de su experiencia natural.45 Este sector es especialmente vulnerable pues normalmente está en proceso de adaptación social y su maduración no se ha completado. Este hecho puede desprenderse comparando los niveles de consumo de drogas actualmente legales entre los jóvenes con los niveles de consumo de drogas ilegales.46 El propio Gary Becker, defensor de la legalización, sostiene que las personas que priorizan más el presente que el futuro, es decir, que no se plantean horizontes de largo plazo, tienen mayores probabilidades de ser adictos al consumo de drogas, incluyendo en esta categoría a los más jóvenes (por razones psicológicas propias de la adolescencia) y a los pobres (normalmente con menores niveles de educación). Incluso, añade que, si la condición de drogadicto es un impedimento para obtener o mantener un trabajo, los más perjudicados serán los jóvenes y los pobres, que tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral.47 Al respecto, el doctor Kleber, una de las figuras más destacadas en el mundo por sus estudios sobre la drogadicción estableció que: La disponibilidad respaldada en bases legales, de tabaco y alcohol para el uso de los adultos y las correspondientes actitudes acerca de su consumo, por parte de los mismos, hace mucho más difícil prevenir su uso por parte de los adolescentes. Por tanto, cambiar el estatus legal (de las drogas) muy probablemente […] llevaría a un crecimiento sustancial y aún explosivo, de su uso.48 c. También tenemos que tener en cuenta que el consumo de drogas se expande como una enfermedad transmisible (en este caso, socialmente). Como lo señala el doctor Castro de la Mata: No hay que olvidar que la adicción a drogas adquiere caracteres similares a los de las enfermedades transmisibles, es decir, si en un lugar aparece un consumidor, en corto tiempo se van a iniciar en el consumo las personas del entorno inmediato, por imitación o por incitación y la adicción se difunde en el entorno, como si fuera una infección.49 44 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASIAS. Ob. cit., 2002, p. 3.
45 NÚÑEZ, Isaac. Ob. cit., p. 43.
46 DUPONT, Robert y Eric VOTH. Ob. cit., p.6.
47 GUZMÁN, María Pía. Ob. cit., pp. 189-190.
48 KLEBER, Herbert. "Our current approach to drug abuse. Progress, Problems, Proposals", en: New England Journal of Medicine, vol. 330, nº 5, Massachusetts, febrero de 1994, pp.361-365.
49 CASTRO DE LA MATA, Ramiro. Ob. cit., p. 5.
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d. Finalmente, frente al argumento no demostrado de que el consumo de drogas en los países favorables a la legalización se estabiliza con el tiempo, debemos recordar que la importancia de la prevención primaria consiste precisamente en evitar que las personas consuman drogas psicoactivas por primera vez, en tanto está estadísticamente demostrado por ejemplo que un 10% y 15% de las personas que por primera vez consumen marihuana y drogas cocaínicas, respectivamente, caen en la adicción. De esto también se desprende que no resulta sostenible plantear el consumo responsable, ocasional o recreacional, en tanto ello no puede ser determinado a priori y libremente por cada sujeto.50 3.5. Mejor utilización de los recursos del Estado
Se sostiene, por parte de los que plantean la legalización de la droga, que los miles de millones de dólares invertidos en la lucha contra el narcotráfico podrían ser mejor canalizados en campañas de educación y prevención del consumo de drogas. Incluso, se sostiene que al cobrarse impuestos por la venta de drogas, estos ingresos también podrían ser destinados al mismo fin.51 Frente a este argumento es necesario señalar: a. En primer lugar, que el planteamiento de la legalización también implicaría un nivel enorme de gastos para su implementación. No sólo sería necesario crear una mayor capacidad de infraestructura en salud para atender a los nuevos consumidores o adictos sino también una mayor infraestructura para la venta controlada de drogas y para ejercer las labores de fiscalización y control sobre la comercialización y venta de la droga. En los Estados Unidos, por ejemplo, los costos provocados por el abuso en el consumo de alcohol durante el 2008 ascendieron a 3.7 billones de dólares.
En el Perú, por ejemplo, no existe un sistema eficaz destinado a evitar el contrabando, la adulteración, el mercado negro o paralelo y la piratería en una serie de productos. Cabría preguntarse entonces ¿cómo se logrará (y a qué costo) un sistema de control de distribución legal de drogas, si ni siquiera existe en el Perú un control eficaz y eficiente de venta de alcohol o tabaco a menores de edad? Cabría también preguntarse ¿cuál sería el nivel de inversión que tendría que ser asumido por el Estado para evitar la venta de drogas a 50 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASIAS. Ob. cit., 2002, p. 17.
51 BARNETT, Randy. Ob. cit., p. 107: "Cada dólar que se gasta para castigar a un consumidor o vendedor de narcóticos es un dólar que no puede emplearse en la lucha contra ladrones. Cada hora que se emplea investigando a un consumidor o distribuidor es una hora que ha podido destinarse a un niño extraviado. Cada juicio entablado para procesar a un consumidor o vendedor de drogas representa tiempo que ha podido utilizarse para procesar a un violador en un caso que de otra manera pudo haberse resuelto por excepción. Estos y muchos otros gastos constituyen los ‘costos de oportunidad' de la prohibición de las drogas".
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menores de edad? Además ¿Qué seguridad tenemos de que el Estado invierta parte o todo el dinero ahorrado en la actual lucha antidrogas para la prevención del consumo, si no se destina fondos relevantes para la estrategia que es objeto de crítica? En consecuencia, afirmar que la implementación de una política de legalización no implicaría cuantiosos gastos para el Estado o que el dinero que hoy se utiliza en la lucha antidroga será destinado a labores de prevención, no resulta cierto. Sobre lo mismo, señalan Vassilaqui y Masías: […] los actuales casi 100,000 adictos a esta droga (cocaína) se convertirían en 500,000 provocando un problema de salud pública el cual el gobierno no podría atender. Como un punto que refuerza esto último, baste decir que en el Perú solo existen alrededor de 400 camas, desde el Estado, para dependientes y que todavía el Sector Salud debate como incluir a las comunidades terapéuticas, en el sistema. A ello debe agregarse que un número significativo de dependientes no están dentro de la seguridad social.52 b. En relación al tema de los impuestos, es ilustrativo lo que ocurre en el Brasil, donde los impuestos que se cobran por el consumo de bebidas alcohólicas sólo cubren el 25% de los gastos que generan las enfermedades asociadas al uso de estas bebidas; el porcentaje es mucho menor si tenemos en cuenta la existencia de otros gastos, tales como accidentes, decesos, violencia, etc.53 Esta misma tendencia ocurre en el resto de países, incluso en aquellos defensores de una política de control de daños, que destinan un porcentaje ínfimo de su presupuesto antidrogas a labores de control primario del consumo; como es el caso de Holanda (2%) o Suecia (1%).54 c. Finalmente, resulta un argumento difícil de aplicar al Perú el hecho de sostener que se han gastado ingentes recursos económicos en la lucha contra el narcotráfico. Como los propios "legalizadores" sostienen, la gran parte de los costos de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país (erradicación, programas de interdicción y de desarrollo económico y social) ha sido y sigue siendo financiada por la cooperación internacional proveniente de Estados Unidos, Europa y las Naciones Unidas. Recién con el segundo gobierno de Alan García se cuenta con un Plan de Impacto Rápido (PIR), cuyos montos han sido ínfimos: 10 millones de soles en el 2007, 35 millones de soles en el 2008, 0 soles en el 2009 y 94 millones en el 2010.
52 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASÍAS. Una mal llamada guerra pérdida. Reflexiones desde CEDRO frente a la coyuntura en la problemática de las drogas. Lima: CEDRO, febrero de 2009, pp. 53 SEINFELD, Mina. Ob. cit., p. 2.
REUTER, Peter y Franz TRAUTMANN. A Report on Global Illicit Drug Markets 1998-2007. Bruselas: Comisión Europea, 2009, p. 41.
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3.6. Decisión individual
Otro argumento señalado por los impulsadores de la legalización es que cada individuo tiene derecho a decidir, en ejercicio de su libertad individual, si consume drogas o no, agregando que el Estado no tiene derecho de restringir esa libertad. Se sostiene que en una verdadera democracia no se puede arrestar, procesar y castigar a las personas por tomar una decisión cuyas consecuencias solo afectan su ámbito personal. Señalan que aquellos que no dañan a otros no pueden ser dañados por estos y menos por el Estado. Asimismo la legalización, sostienen, restauraría muchas de las libertades eliminadas por la actual política de lucha contra el narcotráfico.55 Sobre este particular, señala Barnett: […] los derechos inalienables de los individuos de vivir sus propias vidas y controlar sus propios cuerpos son esenciales para la supervivencia y la realización humana dentro de un entorno social. Las leyes antinarcóticos minan este control al intentar sujetar los cuerpos de algunas personas a las determinaciones forzosas de otras. Tales leyes tratan de impedir que los individuos utilicen sus propios cuerpos como quieren, sin que sus deseos interfieran con la libertad igual de los demás.56 a. Una primera crítica que puede formularse en relación a este planteamiento es su carácter anti-ético. Muchos autores han denominado a esta propuesta "la legalización de la existencia tóxica". Así, señala Kalina: En aquella ocasión definimos a la existencia tóxica como una manera de vivir en la cual, la autodestrucción aparece homologada al desarrollo o afianzamiento de los valores fundamentales de la vida y, sus manifestaciones adquieren en la sociedad en la que vivimos, el carácter de hechos normales. […] Nos hacen creer como "imprescindible", por múltiples razones, poder tener al alcance de todos como un acto de libertad individual, tomar la decisión de consumir tal o cual sustancia o como decimos nosotros facilitar legalmente el acceso a un tipo de combustible que sostenga un "mundo feliz" donde la esclavitud "es libertad individual" y "la robotización de la vida humana" un ideal no difícil de disfrazar. […] Corolario lógico: la legalización de la "existencia tóxica" debe pasar a integrar el nuevo dogma y la esclavitud pasará a ser un nuevo ideal de vida, porque también se la presenta como diferente y al servicio de intereses mucho más nobles. Con la legalización no habrá más corrupción, violencias, ni mafia, y a los enfermos se les proporcionará buenos tratamientos y en consecuencia la prevención del uso abusivo de las drogas será un éxito total.57 55 INCIARDI, James. Ob. cit., p. 236.
56 BARNETT, Randy. Ob. cit., p. 121.
57 KALINA, Eduardo. "Legalizar la existencia tóxica", en: Adicciones, vol. 7, nº 2, Valencia: Socidrogalcohol, 1995, pp. 228-230. 26 /La Legalización de las Drogas: ¿Una alternativa viable para el Perú?
El Estado no puede aceptar y consolidar una mentalidad decadente, marcada por la permisividad, el consumismo y el hedonismo, ni alentar mediante la permisividad legal y la distribución y administración de drogas la pauperización del ser humano. Una sociedad solidaria no puede lavarse las manos ante la responsabilidad social de la drogodependencia.58 Las políticas de Estado deben tener como objetivo lograr condiciones de bien común, para que las personas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades físicas y espirituales, y no ser permisivo o concesivo con sustancias que eliminan estas potencialidades. La droga degrada el tejido social e impide el pleno desarrollo humano de un b. Por lo demás, el consumo no sólo afecta —como se dice— al consumidor y a su cuerpo, sino también a la familia y a todo su entorno social, a la sociedad en su conjunto, pero también afecta al Estado. Para la familia, el adicto constituye un elemento de división e inestabilidad, siendo incapaz de proveer lo necesario para el sustento familiar, asumir un modelo positivo para sus hijos o hermanos u otros miembros, o participar y apoyar afectivamente a los demás. Para su entorno social es un elemento nocivo pues puede alterar el estudio en la escuela o en la universidad y el normal desarrollo de las labores en el trabajo. Para la sociedad, esta es víctima de la violencia que el adicto puede ejercer bajo los efectos de la droga o por conseguir droga. Para el Estado, significa un gasto económico, no solo por la pérdida de productividad laboral, daños en la propiedad, violencia y otros delitos que pueda cometer, sino también por los planes de rehabilitación, los servicios de urgencia y hospitalización que Precisamente, en apoyo de este punto debemos citar a dos autores que paradójicamente suelen ser citados por los defensores de la legalización de las drogas. En primer lugar, tenemos a Tomás de Aquino, cuando al preguntarse si corresponde a la ley humana reprimir todos los vicios, sostiene obviamente que no, salvo aquellos vicios graves y que son perjudiciales para los demás. Expresamente señaló: Lo mismo no es posible para un niño que para un hombre adulto, y por esta razón la ley para niños no es la misma de los adultos, pues a los niños se les permiten muchas cosas que en un adulto se castigarían por ley o, en todo caso, estarían sujetas a culpa. De forma semejante, a hombres de virtud imperfecta se les permiten muchas cosas que serían intolerables en un hombre virtuoso.
58 NÚÑEZ, Isaac. Ob. cit., pp. 45-46.
59 GUZMÁN, María Pía. Ob. cit., p. 189.
60 Ibídem., pp. 183-184.
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Ahora bien, la ley humana abarca la generalidad de los seres humanos, la mayoría de los cuales no son perfectos en lo que hace a la virtud. Por tanto, las leyes humanas no prohíben todos los vicios, de los cuales se abstienen los virtuosos, sino sólo los vicios más graves, de los cuales a la mayoría le resulta posible abstenerse; y en particular aquellos que son perjudiciales para los demás […].61 Sobre lo mismo, nos dice Mill, el máximo representante del pensamiento liberal del siglo XIX: Las reglas morales que prohíben a los hombres hacerse daño unos a otros (en lo cual nunca debemos olvidar incluir la interferencia injusta con la libertad de cada cual) son más necesarias para el bienestar humano que cualesquiera máximas, por importantes que sean, que sólo indican la mejor manera de manejar algún aspecto de los asuntos c. Adicionalmente, habría que preguntarse de que libertad se está hablando. En efecto, se ignora que la dependencia o toxicomanía es una situación en la cual el sujeto tiene una compulsión o deseo irrefrenable de conseguir y usar la droga, desapareciendo en consecuencia su libertad de decisión. En otras palabras, se aboga por el ejercicio de una libertad individual que finalmente propiciará su pérdida, lo cual no resulta lógico ni coherente.63 Entonces, si bien la persona que por primera vez consume una droga y tiene la suerte de no convertirse en drogo dependiente ejercita su libertad individual sin consecuencias, esto no ocurrirá con quien resulte esclavo (adicto) de la droga.
Por tanto, es engañoso plantear la libre elección del consumo o la posibilidad de un consumo responsable, ocasional o recreacional de las drogas, puesto que la adicción fisiológica que estas generan no puede ser previamente determinada por el sujeto que la consume y porque estas generan rápidamente una limitación a la capacidad de decisión del consumidor.64 61 DE AQUINO, Tomás. Summa Theologica. Londres, 1984, p. 11.
62 MILL, John Stuart. "Utilitarianism". En: Utilitarianism, liberty and representative government. Nueva york: Dutton, 1951, p. 73. MILL, John Stuart. Sobre la Libertad. 1859, p. 93.
CASTRO DE LA MATA, Ramiro. Ob. cit., p. 6.
VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASIAS. Ob. cit., 2002, p. 15.
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3.7. caída de los precios
Se argumenta que la legalización del consumo de drogas provocará una caída en el precio de éstas, lo cual desestimulará la existencia de mafias criminales y los consumidores podrán obtener sus drogas a precios bajos y regulados por el gobierno. Se señala que la confiscación y destrucción de la droga llevada a cabo por la policía genera el incremento de los costos de producción y distribución de la droga, y con ello de su precio. Si bien el alto nivel de precios puede hacer que algunas personas dejen de consumir drogas, el adicto no lo hará, llevándolos a cometer delitos con el propósito de costearse los narcóticos.65 Con relación a este planteamiento: a. Debemos señalar en primer lugar que la legalización no necesariamente provocaría en nuestro país una caída de los precios, primero, porque en el Perú las drogas son muy baratas. En nuestro país un cigarro de pasta básica de cocaína cuesta S/. 0.30 (es decir, es más barato que un cigarrillo) y un kilogramo de cocaína aproximadamente cuesta S/.1,500 nuevos soles.66 Por tanto, resulta insostenible señalar en nuestro país, que la legalización podría disminuir los precios ya diminutos, actualmente existentes.
b. En segundo lugar, la legalización implicaría incorporar una serie de costos que elevarían el precio de la droga, como son: los costos derivados que la droga sea fiscalizada en su pureza y calidad por entidades especializadas, el pago de impuestos producto de su venta, los costos de distribución, los costos para la autoridad que fiscaliza el proceso de distribución y venta, entre otros. Como lo señalan Vassilaqui y Masías: La producción de cocaína legal para ser vendida a los usuarios, costaría aproximadamente ocho veces más que los precios actuales. Esto significaría que algunos fabricantes legales harían estupendo negocio vendiendo "cocaína etiqueta verde" (el nombre es supuesto), mientras que la basta mayoría de los usuarios continuaría alimentando los excesos del narcotráfico y su reguero de violencia.67 c. En tercer lugar, de lo señalado en el punto anterior se deriva que el contrabando y el mercado negro de drogas tendrán cabida en este contexto, ofreciendo alternativas de consumo menos seguras y de menor calidad pero a un menor BARNETT, Randy. Ob. cit., pp. 101-102.
66 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASÍAS. Ob. cit., 2009, p. 8.
67 Ídem.
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d. Finalmente, en cuarto lugar, tampoco es posible sostener válidamente que la reducción del precio de la droga provocará la caída de las mafias criminales, pues el Perú es una evidencia irrefutable que, en un país con bajos precios de la droga pueden existir y, aún mas, crecer estas mafias.
3.8. Descongestión de las cárceles y del sistema judicial
En muchos países como el nuestro, existe un número muy grande de personas que han sido procesadas y condenadas por delitos vinculados al tráfico de drogas. Específicamente, se afirma que cada año en el Perú se detienen entre ocho a diez mil personas bajo sospecha de ser comercializadores y/o traficantes, siendo liberadas luego de un plazo de detención de 15 días. En tal sentido, se señala que el 60% del tiempo y recursos de la policía antinarcóticos del Perú se dirigen contra los usuarios.68 Se señala también que 1,456 personas fueron detenidas en el 2004 por actos de consumo, esto es, el 68,3% del total de detenidos por operaciones antidrogas, mientras que solo el 10% fueron detenidas por micro-comercialización y el 18,1% por casos específicos de tráfico ilícito de drogas. En el 2008 más del 50% de las detenciones se habrían concentrado en los consumidores.69 Todo esto permite afirmar a los que proponen la legalización, que las drogas se habrían convertido en el tercer factor de prisión en el Perú (5,902 procesados varones y 1,426 procesadas mujeres).70 Se critica el hecho de que al consumidor se le castigue con penas de cárcel o medidas de seguridad coercitivas (tratamiento obligatorio o internamiento en centros de rehabilitación), siendo conocida la poca utilidad de la cárcel como espacio de rehabilitación o resocialización, convirtiéndose más bien en centros donde se promueven el tráfico y el consumo.71 Se señala que, precisamente, la legalización busca eliminar esta política represiva y además descongestionar las cárceles y el sistema judicial, lo que permitiría destinar los esfuerzos del Estado SOBERóN, Ricardo. Entrevista "Extremos y opuestos", en: Revista Somos, nº 1206, 16 de enero de 2010, p. 24.
GARCÍA-SAyAN, Diego. Narcotráfico y Derechos Humanos. Lima: Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2010, pp. 10-11: En muchos países la proporción de reclusos vinculada al tema de drogas suele ser bastante alta. Así tenemos: Chipre (27,5%), Dinamarca (23,9%), Italia (29,4%), Luxemburgo (42,1%), Malta (28,1%), Portugal (27,3%) y España (27,4%). En Europa del este y del norte: Azerbaiyán (24,9), Islandia (26,7%) y Noruega (29,1%). En Asia: Malasia (24%), Tailandia (58%) y Vietnam (32%). En América Latina, finalmente, la situación no es muy distinta: Argentina (23%), Bolivia (35%), Ecuador (34%) y Perú (25,2%). En América Latina es notable la incidencia de este asunto en las reclusas mujeres que es el que da cuenta, por ejemplo, de más del 60% de las detenidas en Argentina y más del 70% en Ecuador.
SOBERóN, Ricardo. Ob. cit., 2010, pp. 18-20: Adicionalmente, entre el 2005 y el 2007 1,050 personas habrían sido detenidas por participar como "burriers" o "mulas".
71 SOBERÓN, Ricardo. "El fracaso de la legislación represiva del narcotráfico", en: Debate Agrario, nº 22, Lima: CEPES, 1995, p. 12.
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en combatir los delitos reales de la sociedad.72 Adicionalmente, se señala que otro efecto positivo será el que el adicto no será estigmatizado, evitándose que pierda posibilidades de empleo.73 En relación a este argumento habría que empezar por reconocer que una política de legalización de las drogas podría traer como lógica consecuencia la descongestión de las cárceles y del aparato judicial, en la medida que no existe delito que perseguir o procesar. Sin embargo, creemos importante hacer tres precisiones: a. Si bien la legalización provoca una descongestión de las cárceles, también produce una congestión en los hospitales o servicios sanitarios de atención para drogodependientes y, en algunos casos, incrementos del número de personas en los manicomios o en la morgue.74 Estudios recientes calculan por ejemplo que más de un millón de personas en el mundo estarían haciendo uso de hospitales para recibir el tratamiento con metadona a efectos de abandonar el consumo de heroína,75 cifra que crece año a año. Países como Suecia, China, Irán y recientemente Estados Unidos, entre otros, utilizan cada vez más este tratamiento.76 Este mismo fenómeno viene ocurriendo por ejemplo en Gran Bretaña, pero en razón de que un gran número de consumidores al ser detenidos por la autoridad, optan por el tratamiento forzoso y no por la cárcel. Así, mientras que en el año 2000, cien mil personas utilizaron el programa de tratamiento forzoso, en el 2005 estos se incrementaron a 180,000.77 En consecuencia, la legalización no solo provoca el efecto de "desvestir un santo para vestir otro" (cárcel por hospitales) sino que la descongestión de las cárceles y la congestión de hospitales no soluciona el problema de fondo, cual es reducir al máximo el número de consumidores adictos a la droga. Por último, es importante también incidir en que el tratamiento por sustitución no resulta aplicable al Perú, en tanto la mayoría de adictos consumen marihuana o cocaína, sabiéndose que en esos casos los tratamientos por sustitución no tienen la eficacia del tratamiento con metadona.78 b. De otro lado, en parte de los países que penalizan el consumo, el número de consumidores detenidos es mínimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, solo el 2% de los presos federales son encarcelados por crímenes relacionados con la posesión de droga en comparación con el 48% encarcelado por tráfico 72 INCIARDI, James. Ob. cit., p. 236.
73 CARDOSO, Fernando Henrique. Ob. cit.
CASTRO DE LA MATA, Ramiro. Ob. cit., p. 8.
75 REUTER, Peter y Franz TRAUTMANN. Ob. cit., p. 15.
76 Ibídem., p. 40.
77 Ídem.
78 Ibídem., p. 42.
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de drogas.79 En estos países por tanto, el efecto positivo que plantean los "legalizadores" sería mínimo.
c. Finalmente, la descongestión de las cárceles y del aparato judicial, como consecuencia de la legalización de un acto, no constituye un valor positivo por si mismo. El mismo efecto se produciría si legalizáramos cualquier delito común como el hurto o el robo. Lo importante, es que la descongestión de las cárceles y del aparato judicial responda a una disminución real del consumo y del tráfico, y no por declara lícito algo ilícito.
3.9. coherencia con la política sobre el alcohol y el tabaco
Los que impulsan la legalización como política antidrogas, también sostienen que no es justo ni coherente permitir el consumo de alcohol y tabaco y no hacer lo mismo con las drogas psicoactivas, no obstante que estas últimas tendrían efectos similares o incluso menos perniciosos para la salud y la seguridad que las primeras. En apoyo de lo señalado citan a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señaló en su informe anual que el tabaco cobraba una víctima cada diez segundos en el mundo y causaría la muerte de unas diez millones de personas para el año 2020, si se mantenían los niveles de consumo de cigarrillos existentes.80 Asimismo se señala que el alcohol se encuentra relacionado con el 44% de los accidentes a En relación a este atractivo y difundido argumento habría que precisar lo siguiente: a. Se omite decir que progresivamente, las políticas nacionales y los convenios internacionales vienen estableciendo reglas más restrictivas para el consumo de alcohol y tabaco en el mundo (suprimiendo o limitando la publicidad, elevando los impuestos, restringiendo las áreas donde se puede fumar, programas de conducción, entre otros), buscando precisamente evitar su consumo. En el caso del Perú por ejemplo, la reciente alza de los impuestos al tabaco impuesta por el gobierno, tiene el propósito explicito de desestimular el consumo. Más aún, organizaciones que combaten el consumo de drogas en el Perú, como es el caso de CEDRO, se muestran a favor de la prohibición del tabaco: En cuanto al tabaco sería ideal su prohibición por razones de salud pública, pero desgraciadamente estas acciones son contrarrestadas por la enorme cantidad de recursos DUPONT, Robert y Eric VOTH. Ob. cit., p. 3.
HERRERA, Williams. Ob. cit., p. 168. Véase también COMISIóN LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS y DEMOCRACIA. Ob. cit., pp. 4-5.
81 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASIAS. Ob. cit., 2002, p. 21.
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con los que cuentan las tabacaleras y los productores de tabaco. Este es un claro ejemplo de cómo el afán de lucro pasa las fronteras de la ética, aunque esté dentro de la legalidad.82 Asimismo, la Comisión de Lucha Antitabáquica (COLAT) viene llevando a cabo un trabajo con el Congreso de la República y el Ejecutivo a favor de las restricciones antes mencionadas.
En consecuencia, si hoy en día se hacen esfuerzos para limitar y restringir el alcohol y el tabaco por la violencia y los daños a la salud que generan, ¿para que añadir más sustancias adicionales generadoras de violencia?83 ¿Cómo se detendrían las campañas publicitarias en una economía de mercado como la nuestra, que incentiven el consumo de estas nuevas drogas lícitas, como se hace con el alcohol y el tabaco? Los éxitos de la publicidad del tabaco vinculada por ejemplo a la liberación femenina o del alcohol como símbolo de recreación en la playa, discotecas, etc., ¿cómo podrían ser detenidos en estas b. De otro lado, también se omite señalar que mientras duró la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, esta política tuvo éxito desde la perspectiva sanitaria. El número de muertes por cirrosis hepática decreció de 29.5 por 100,000 personas en 1911 a 10.7 por 100,000 en 1929, las admisiones en hospitales psiquiátricos por psicosis alcohólicas disminuyó de 10 por 100,000 personas en 1919 a 4.7 por 100,000 en 1928. El fracaso de esta política estuvo más bien en el intento de eliminar el alcohol tras haber sido legal y socialmente aceptado por muchísimos años.85 c. También se ignora que las tasas de muerte por alcohol y tabaco son elevadas en gran parte porque pueden ser conseguidas con facilidad, en tanto su consumo está legalizado, goza de aceptación social, publicidad y hasta glorificación, mientras que las tasas de muerte por consumo de drogas psicoactivas es baja, pues su consumo está restringido. En otras palabras, los datos que nos ofrecen los partidarios de la legalización no hacen más que demostrar que la legalización de las drogas conlleva al aumento de su consumo y de los costos sociales derivados de éste.86 82 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASÍAS. Ob. cit., 2009, p. 10.
83 INCIARDI, James. Ob. cit., p. 245.
84 Ibídem, p. 246.
85 DUPONT, Robert y Eric VOTH. Ob. cit., p. 2. 86 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASIAS. Ob. cit., 2002, p. 22. Véase también DUPONT, Robert y Eric VOTH. Ob. cit., p.86. ALCARAZ, Franklin. "Choferes, trago y coca", en: <http://www.
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Más aún, menos del 20% de los jóvenes usa drogas psicoactivas, mientras que más del 80% no las consume actualmente. La pregunta que surge entonces es d. Adicionalmente, no es posible atenuar el impacto negativo que genera para la salud física y psicológica de la persona, el consumo de las drogas que se plantea legalizar. Veamos los efectos que provocan las drogas de mayor consumo en el Perú: En el caso de la marihuana, que es la droga a la que todos los "legalizadores" apuntan como símbolo para la legalización, se puede sostener basados en la evidencia empírica, que genera los siguientes efectos: - Síndrome amotivacional (desinterés por aquello que no sea el consumo - El empobrecimiento afectivo, el abandono, la depresión.
- Accidentes de tráfico.
- Alteraciones del metabolismo, con aumento de apetito.
- Reducción del sistema inmunitario de las defensas del organismo para hacer frente a posibles infecciones.
- Alteraciones respiratorias (laringitis, bronquitis y asma).
- Afectación del funcionamiento de las hormonas sexuales: ciclos menstruales sin ovulación, reducción del número y la movilidad de los espermatozoides y disminución del apetito sexual.
- En personas con cierta predisposición, facilita la aparición de trastornos psiquiátricos graves (brotes esquizofrénicos, alucinaciones, estados - Problemas cardiovasculares.
- Procesos cancerosos similares o mayores a los del tabaco (cáncer del pulmón, etc.).
- Dependencia física y psicológica.88 Asimismo, no se puede seguir sosteniendo que el consumo de marihuana es inocuo o que sus efectos son similares a los del tabaco. Estudios hechos por la Universidad de California, a fines de la década del ochenta, determinaron que la carga respiratoria en partículas de humo y absorción de monóxido de carbono por fumar solo un cigarrillo de marihuana es alrededor de 4 veces mayor que la correspondiente a fumar un solo cigarrillo de tabaco. Se descubrió que una pitada de marihuana envía 3 veces más alquitrán a la boca y los pulmones que una de cigarrillo con filtro; que la marihuana deposita 4 veces más alquitrán 87 INCIARDI, James. Ob. cit., p. 249.
88 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASÍAS. Ob. cit., 2009, p. 9.
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en la garganta y asimismo aumenta los niveles de monóxido de carbono en la sangre, entre 4 y 5 veces más.89 La marihuana además contiene 426 productos químicos conocidos que se transforman en dos mil cuando se la quema durante el proceso de fumarla. El hecho de que el THC (Delta-9-Tetrahidrocannabinol), el ingrediente activo más potente de la marihuana sea soluble en grasa pero no en agua tiene como consecuencia que se quede atrapado en el cerebro, los pulmones, el hígado y los órganos reproductores y que no se deseche a través de la sangre, la orina, el sudor o las heces.90 Adicionalmente, la marihuana que hoy se consume es 10 o 15 veces más potente que hace 2 ó 3 décadas, cuando su potencial de daño era menor. Esto ha determinado, por ejemplo, que muchos estudios científicos en Suecia (1987), Nueva Zelanda (2002), Gran Bretaña (2004) y Estados Unidos (2008) planteen la no descriminalización de la marihuana por su incidencia en el incremento de enfermedades como la psicosis y la esquizofrenia, como consecuencia de En cuanto a la cocaína los individuos pueden experimentar alucinaciones visuales o auditivas, irritabilidad e hiperactividad, aumento de la frecuencia cardiaca, hipertemia, depresión, insomnio, disminución del apetito, paranoia que puede llevar a comportamientos violentos como medio de defensa contra perseguidores imaginarios, descuido personal, familiar y ocupacional, y en caso de sobredosis, detención respiratoria, arritmia cardiaca, infarto agudo al miocardio, convulsiones e infarto cerebral.92 Adicionalmente, habría que señalar que en el caso de la cocaína (a diferencia de la heroína) es más complicado su tratamiento pues no existen jeringas que el Estado pueda brindar a los usuarios (para evitar enfermedades contagiosas) ni dosis de metadona con que aliviarlos. Por esta razón, el tratamiento médico en estos casos consiste en la previa desintoxicación y en el cambio de comportamiento del usuario, 89 INCIARDI, James. Ob. cit., p. 240. Véase MAC DONALD, Donald. "Marihuana smoking worse for lungs", en: Journal of the American Medical Association, nº 259, 17 de junio de 1988, p. 3384. Véase también VILLASUSO, Ana, Rafael CORTÉS y Norma JUÁREZ. Ob. cit., p. 281: Cada cigarro de mariguana produce daños en los conductos respiratorios superiores y en los bronquiolos, lo que es similar a fumar 5 cigarrillos de tabaco. Fumar mariguana puede llegar a triplicar la incidencia de cáncer de cuello. También triplica la posibilidad de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fumar cannabis una vez al día equivale, en términos de padecer cáncer, a tomar 20 cigarrillos de tabaco al mismo tiempo. 90 INCIARDI, James. Ob. cit., pp. 240-241. 91 CRAMER, Clayton. "Why I no langer support decriminalizing Marijuana", en: <http://pajamasmedia.
com/blog/why- i- no-longer-support-decriminalizing-marijuana/ print; marzo de 2010>. Véase en el mismo sentido a: MC GRATH, John. "Association between cannabis use and psychosis-related outcomes using sibling pair analysis in a cohort of young adults", en: Archives of General Psychiatry, febrero de 2010. Véase también KERLIKOWSKE, Gil. Why marijuana legalization would compromise public health and public safety. Statement from ONDCP. California: California Police Chiefs Association Conference, marzo de 2010, pp.7-8.
92 ZAVALETA, Alfonso. Ob. cit., p. 5.
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no existiendo por tanto, como en el caso de los opiáceos, posibilidades de brindar a los dependientes en los establecimientos de salud, dosis de metadona, burpenorphina o naltrexone.93 Finalmente, y sólo como referencia, debemos señalar en relación a la heroína, que se trata de un narcótico altamente adictivo, asociado a delitos callejeros así como a infecciones de VIH sida y hepatitis producidas por compartir agujas. Afecta también la vida personal, social y ocupacional, provocando desinterés por el desarrollo personal.94 De todo lo expuesto, se puede concluir que los promotores de la legalización de las drogas psicoactivas deberían primero demostrar la eficacia de programas que puedan reducir drásticamente el consumo de alcohol y de tabaco, para luego plantear un tratamiento similar para las drogas psicoactivas. No se necesita de nuevos experimentos que nos digan lo que ya hemos aprendido de la legalidad del alcohol y del tabaco.95 3.10. implementación de una política propia y no "impuesta"
Otro argumento planteado por los defensores de la legalización es que la política antidroga ha sido impuesta por los Estados Unidos de América (Plan Colombia, Plan Mérida, suspensión del ATPDEA en Bolivia, erradicación y fumigación),96 quien habría utilizado su hegemonía para imponer su criterio en convenios y conferencias internacionales. Se sostiene que la política antidroga proviene de propuestas surgidas desde el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En tal sentido, señalan, es hora de contar con una política propia. Incluso, llegan a afirmar que muchos documentos que se efectúan en el ámbito privado o de organizaciones internacionales son hechos por consultores que preparan un plan "a gusto del cliente",97 o que al ser los modelos nacionales financiados en todo o en parte por los gobiernos de Estados Unidos o las agencias de las Naciones Unidas, éstos responden a la política dictada por los cooperantes.98 93 VASSILAQUI, Alejandro y Carmen MASÍAS. Ob. cit., 2009, p. 8. 94 INCIARDI, James. Ob. cit., p. 243.
95 DUPONT, Robert y Eric VOTH. Ob. cit., p. 12.
96 VILLA TORO, Pablo. "Estados Unidos y las Drogas ¿prohibir o legalizar?", en: Fuerzas Armadas y Sociedad. Año 10, vol. X, nº 1, Santiago de Chile: FLACSO-Chile, enero-marzo de 1995. Véase también CABIESES, Hugo. "Drogas, coca y cocaleros. Sin novedad en el frente", en: La Revista Agraria, enero de 2010, p. 23.
97 SOBERÓN, Ricardo. "Entre la prohibición y la liberalización: Costos y beneficios". En: HOPENHAyN, Martín (compilador). Ob. cit., p. 180.
98 SOBERóN, Ricardo. Ob. cit., 2010, p. 8.
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Sobre este punto es necesario señalar que: a. De acuerdo a este planteamiento, tendríamos que aceptar que una sola voluntad estatal se ha impuesto por encima del resto de países que conforman la comunidad internacional. Este argumento no sólo lastima las soberanías nacionales sino que también subestima la capacidad de cada Estado de adoptar la política que considere más eficaz y pertinente. Así, la actual política antidrogas del Perú ha sido asumida voluntaria y conscientemente por nuestro país, al igual que el resto de países, que han suscrito la Convención Única de Naciones Unidas de 1961 sobre Estupefacientes o la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. La cantidad de países suscriptores de estos acuerdos traducen el consenso existente en torno a ciertos derroteros de la política antidrogas y no la voluntad de un solo Estado. b. Tampoco resulta un argumento válido y serio, descalificar todo estudio o informe contrario a la legalización, o políticas nacionales antidrogas que no siguen este patrón, por el hecho de recibir cooperación de las Naciones Unidas o de un gobierno en particular. Con esa misma lógica, serían cuestionables todos los estudios elaborados por investigadores vinculados económicamente a los cocaleros o financiados por ONG's o fundaciones que propugnan la legalización de las drogas.
c. El argumento planteado por los "legalizadores" es tan absurdo, que estaríamos convirtiendo a la cooperación internacional en su conjunto en instrumento de dominación e imposición, lo que solo puede sustentarse en una mentalidad sobrepasada por el tiempo y la modernidad.
3.11. Evitar la violación de Derechos Humanos
Finalmente, otro argumento planteado por los "legalizadores" es que la política actual, a la que califican de represiva e indiscriminada, viola los derechos humanos de los campesinos cocaleros, de los desempleados, de los migrantes, de los procesados, de los usuarios, de los reclusos y, en general, de la población más vulnerable al narcotráfico.99 Concretamente, sostienen que se viola el deber de garantía, consagrado en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual, los Estados deben adoptar las medidas legislativas y de política pública para garantizar el 99 Ibídem, p. 18.
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respeto de los derechos humanos de las personas;100 el derecho a la salud y a la seguridad de los consumidores, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en tanto tienen más posibilidades de consumir drogas adulteradas y de baja calidad, además de estar expuestos a la compra y venta de droga al margen de la ley); el derecho a la igualdad y a la no discriminación consagrados en los artículos 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 1, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en tanto se sostiene que las mujeres y en algunos casos las mujeres de raza negra son en muchos países las principales víctimas de la drogodependencia);101 y finalmente, el principio de proporcionalidad, que si bien no se encuentra en instrumentos internacionales de derechos humanos, forma parte de todo Estado democrático, el cual debe velar porque exista un equilibrio entre la pena y el hecho ilícito cometido, tal como lo señalan las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (conocidas como Reglas de Tokio).
En relación a este último argumento podría señalarse: a. Que, paradójicamente, la promoción de políticas de legalización del consumo de drogas estarían atentando contra diversos derechos humanos, consagrados en numerosos instrumentos internacionales. Así, según el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", mientras que el artículo 4 del mismo documento establece que "nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre […]". Es por tanto una obligación del Estado garantizar la plena vigencia de estos derechos (los mismos que forman parte del denominado núcleo duro de los derechos humanos), no a través de una legalización de las drogas que libere las barreras legales y sociales que limitan el consumo, sino más bien a través de una política integral, que coloque muy claramente el uso de las drogas como un mal que debe ser combatido. Según ya se explicó anteriormente, el consumo de drogas puede derivar fácilmente en la adicción, la cual no sólo atenta contra la salud física y mental de la persona sino también contra su propia existencia. ¿Cómo reconocer entonces un "derecho"( al consumo de drogas) que termina violando el derecho a la vida y el derecho a la integridad. 100 GARCÍA-SAyAN, Diego. Ob. cit., p. 7.
101 Ibídem, p. 12: Se señala que en Estados Unidos el crecimiento de la población penal femenina vinculada al tema de las drogas fue en los últimos 10 años del orden del 200%. Para el 2005 253,300 reclusas cumplían condenas por delitos vinculados a las drogas, de las cuales 113,500 eran negras (44.8%) 51,100 eran latinas (20.2%), y solo 72,300 blancas (28.5%). Todo ello pese a que solo del 15 al 20% de los consumidores de drogas en ese país son negros.
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Adicionalmente, el consumo de drogas viola la libertad del individuo, pues el adicto está sometido a la esclavitud de las drogas (violando entonces su derecho a la libertad, derecho a no ser sometido a ninguna forma de esclavitud). Por si esto fuera poco, los artículos 22, 23 y 25 de la Declaración Universal proclaman el derecho de las personas a vivir con dignidad, lo que constituye la base de los derechos humanos. El abuso de drogas destruye la dignidad humana, así como su libertad de decisión y de pensamiento (derecho a una b. En cuanto al derecho a la igualdad y a la no discriminación, creemos que señalar que tales derechos se ven conculcados con la actual política antidrogas carece de sustento y, por el contrario, responde a una falacia, pues las razones por las que en algunos países se detienen a mujeres o a personas de raza negra obedece a múltiples factores de carácter educativo, laboral, social y económico, y no más bien a una política de Estado intencionadamente racista o discriminadora.103 En el caso concreto de nuestro país, el argumento resulta aún más débil, pues entre la población penal por razones de tráfico ilícito de drogas, no existe ningún patrón discriminador. c. Finalmente, no hay que olvidar que en el caso de las drogas, no solo debemos velar por los derechos humanos de los consumidores, sino también por los derechos de la mayoría de la población, cuya vida o integridad muchas veces se ve afectada por la conducta antisocial desarrollada en el contexto de la drogodependencia.104 Como ya lo señalamos, la libertad de las personas encuentra su límite en los derechos de los demás. En consecuencia, toda política antidroga debe tomar en cuenta los derechos humanos de todos los posibles afectados. En síntesis, de todo lo expuesto en este numeral podemos concluir que los argumentos que se plantean para favorecer la implementación de una nueva política antidroga, basada en la legalización, resultan en gran medida débiles y rebatibles. Gran parte de estos argumentos no tienen base científica o técnica o carecen de un respaldo empírico suficiente. Más aún, la propuesta misma parte de premisas absolutas que deben ser revisadas y además no brinda un contenido cierto y definido, que permita su evaluación como una política alternativa seria y viable. Finalmente, su pretensión de ser aplicada al mundo entero pone en evidencia el 102 SÁNCHEZ, Alejandro. "La dicotomía legalización-prohibición de la marihuana: la experiencia mundial". En: MORENO, Kena (Coordinadora). Ob. cit., p. 174.
103 GARCÍA-SAyAN, Diego. Ob. cit., p. 13.
104 SÁNCHEZ, Alejandro. Ob. cit., p. 174.
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desconocimiento que se tiene de la realidad de cada uno de nuestros países, que enfrentan problemas de narcotráfico diferentes, lo que los lleva a su vez a tener metas y procedimientos de enfrentar el problema también diferentes. En todo caso, teniendo en cuenta las buenas intenciones que animan esta propuesta, creemos que merece un mayor trabajo y análisis por parte de quienes la postulan, antes de plantearla como una política alternativa para nuestro país, teniendo en cuenta que con el narcotráfico no se pueden hacer ensayos o cometer errores, pues está en juego la vida y la salud de las personas y la seguridad del Estado. 40 /La Legalización de las Drogas: ¿Una alternativa viable para el Perú?
4. la evidencia empírica
Existe consenso entre los diversos autores que se ocupan de esta temática, respecto a la dificultad de establecer conclusiones generales sobre los éxitos y fracasos de las políticas antidrogas que vienen desarrollándose en el mundo. Esto no sólo por la falta de transparencia en el manejo de la información por parte de ciertos países, sino también y fundamentalmente por la aplicación de metodologías diferentes, de sistemas de medición distintos, de universos o grupos de estudio diferenciados, a lo que hay que agregar las diferencias económicas, sociales, políticas y hasta geográficas existentes entre nuestros países, además de los diferentes presupuestos nacionales antidrogas y su diferente forma de ejecutarlos, lo que hace muy difícil la comparación y la determinación de patrones universales. No obstante lo anteriormente señalado, creemos importante referir la experiencia de algunos países en torno a la temática objeto de este trabajo, sin que con ello se pretenda agotar la totalidad de la evidencia empírica existente. En todo caso, podemos adelantar que este análisis permite establecer que una gran parte de países que implementaron políticas de legalización, tuvieron luego que abandonarlas para restituir políticas más restrictivas y eficaces, dado el incremento del consumo y la criminalidad. Un grupo menor de Estados han tenido éxito en el campo de la salud y en la reducción de la población penal, sin embargo, no han logrado eliminar el contrabando, el comercio ilícito de drogas, la violencia asociada a ella, la afectación a países vecinos, entre otros efectos negativos. 4.1. Países Bajos
En cuanto a la política antidroga de Holanda habría que empezar señalando que, contradiciendo la creencia general, no existe legalización de la droga. La política holandesa comienza por hacer una diferenciación entre drogas duras (anfetaminas, cocaína, heroína, LSD, XTC) y drogas blandas (marihuana, hachís, derivados del cáñamo-cannabis sativa, nederwiet-cultivo holandés de marihuana), señalando que el consumo de estas últimas se encuentra despenalizado (véase el punto 2 de este trabajo), cuando el portador posee una dosis personal expresamente contemplada En consecuencia, la tenencia para autoconsumo de drogas duras se sanciona con penas que incluyen la privación de libertad, pero además tampoco se permite vender drogas duras, no se permite hacer propaganda para la venta de drogas, ni causar molestias al entorno, ni vender drogas a menores de 18 años y se mantiene Fabián Novak / 41
una lucha policial y judicial contra el cultivo y tráfico internacional de drogas, lo que incluye prohibición y represión. Asimismo, la importación o exportación de cualquier droga es considerada un delito grave que puede recibir penas privativas de libertad de hasta 16 años en el caso de drogas duras y cuatro o seis años en el caso de drogas blandas. Incluso, Holanda tiene una política agresiva contra los cultivadores que proveen de droga a los coffee shops. Así, cada año arrestan a más de 4,000 personas por producir cannabis.105 La liberalización se limita entonces a la posibilidad de comprar y portar drogas blandas para autoconsumo, siempre que no exceda de una cantidad pre establecida por ley. Adicionalmente, se establece toda una red nacional de prestación de ayuda a drogadictos, como instituciones de asistencia social y sanitaria, donde también se suministra el sustituto metadona como terapia de deshabituación y jeringas limpias a cambio de las usadas.106 Es importante precisar sobre lo dicho en el párrafo anterior, que Holanda inicialmente permitía la venta y tenencia de hasta 30 gramos de drogas blandas por persona, las cuales podían ser adquiridas en coffee shops y chocolaterías. Sin embargo, ciertos efectos negativos provocados por esta política inicial más permisiva, determinaron un endurecimiento de la misma.107 En efecto: Los coffee shops comenzaron a vender drogas duras o drogas blandas por encima del límite permitido, o exportaban droga a países vecinos; muchos turistas y varios municipios se quejaban por la molestia generada por los consumidores; iii. creció el cultivo de drogas holandesas así como la producción de drogas químicas; iv. comenzó a desarrollarse un narco turismo y una sobrepoblación invadió los servicios públicos holandeses para el drogadicto; se incrementó la presencia de narcotraficantes en el puerto de Rotterdam y en el aeropuerto internacional de Schiphol; vi. Holanda se convirtió en un lugar importante de tránsito de drogas hacia Europa, provocando la protesta de sus vecinos, especialmente de Alemania y Francia; y finalmente; vii. el número de usuarios de drogas blandas alcanzó al 5% de la población de 12 y más años de edad.108 Todo esto provocó un conjunto de reformas en la legislación de ese país destinadas a atenuar los efectos de su política inicial, tales como: reducir de 30 a 5 gramos la cantidad de drogas blandas cuya venta en coffee shops por persona no sería objeto 105 REUTER, Peter y Franz TRAUTMANN. Ob. cit., p. 42.
106 VERMEULEN, Huibert. "Políticas sobre drogas: El modelo holandés y la posición latinoamericana". En: HOPENHAyN, Martín (compilador). Ob. cit., pp. 168-173.
107 Ibídem, p. 171. 108 Ibídem, p. 172.
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de persecución judicial;109 reducir drásticamente e imponer mayores controles a los coffee shops, buscando eliminarlos en zonas fronterizas y en torno a las escuelas. Sobre esto último habría que añadir que en el 2000, 81% de los municipios holandeses tenía prohibido la instalación de coffee shops, y que en el 2009, debido al aumento del consumo de drogas blandas entre los alumnos de Rotterdam, 27 coffee shops fueron cerrados por encontrarse en un radio de 200 metros de alguna escuela, lo que equivale a la mitad de los establecimientos que actualmente operan en su municipio.110 Asimismo, se acordó combatir el cultivo en gran escala del nederwiet y de drogas químicas; imponer un tratamiento más riguroso para la actividad criminal y el desorden social; establecer medidas de fiscalización mas rígidas y eficaces; disponer una política más activa de expulsión a los narco turistas que residan en los Países Bajos; y aplicar un plan de acción para desalentar entre los holandeses el consumo de cannabis.111 Incluso, en agosto de 2004, el gobierno anunció oficialmente a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) un cambio en su política frente al cannabis, reconociendo que no es inocuo ni para los consumidores, ni para la comunidad. En consecuencia, el modelo holandés no es tan permisivo como se cree y la permisividad más moderada que rige el día de hoy, si bien ha traído relativos éxitos en el campo médico (en tanto no ha generado un incremento en el consumo de drogas duras, el consumo de drogas blandas se ha estabilizado, el número de personas que mueren a consecuencia del uso de drogas es bajo así como el número de casos de personas con SIDA), no ha logrado superar problemas en el campo social y en el de la seguridad, por la presencia del crimen organizado y el Solo en la ciudad de Ámsterdam existen 7,000 personas que presentan alguna dependencia de drogas, la cual es la responsable del 80% de las faltas a la propiedad de la ciudad, lo que hace que esta tenga una presencia policiaca importante que supera a la de otras ciudades de dimensiones similares en Estados Unidos.113 En este punto, cabría citar textualmente la intervención del Ministro de Salud de los Países Bajos en el Congreso Internacional de Adicciones 2006, cuando señaló en torno a la legalización: 109 SÁNCHEZ, Alejandro. Ob. cit., pp. 166-167: La venta, producción y posesión de hasta 30 gramos de cannabis son judicialmente punibles con penas de prisión de un mes y/o una multa. Por posesión de más de 30 gramos, se imponen penas máximas de 2 a 4 años, según su destino.
110 SÁNCHEZ, Alejandro. Ob. cit., p. 151.
111 VERMEULEN, Huibert. Ob. cit., pp. 168-173.
112 DICKEy, Christopher y Friso ENDT. Reportaje Especial: "Reglas de Holanda. La realidad conservadora detrás de las leyes liberales de Holanda", en: Newsweek en español, 6 de junio de 2001, 113 SÁNCHEZ, Alejandro. Ob. cit., p. 148: "Tan solo el puerto industrial de Terneuzen, situado a una hora de Bruselas y a menos de 3 de París, registra todos los días la visita entre 2000 y 2500 consumidores de drogas. En su mayoría son Belgas, y tiene un promedio de edad de 27 años".
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Los partidarios de la legalización quieren que la droga se trate igual que el alcohol. Esperan que de esta manera podamos sacar la droga del mundo de la criminalidad y podamos actuar con mayor eficacia contra los abusos. Hay tres razones por las que opino que esta propuesta siempre será un camino intransitable. En primer lugar ya tenemos suficientes problemas con el alcohol. En mi país —al igual que en otros países europeos— el ascendente consumo de alcohol entre los jóvenes es un tema de gran preocupación. En los próximos años tendremos que idear una política muy estricta para poner una barrera contra el creciente abuso de alcohol. Por lo tanto, no sentimos la necesidad de exponer a la juventud a más seducciones peligrosas. En segundo lugar, el uso masivo de estupefacientes puede tener consecuencias desastrosas para la sociedad. Mientras que el consumo moderado de alcohol no tiene por qué causar problemas en las relaciones sociales, esto sí ocurre con el consumo general de estupefacientes. En tercer lugar, es impensable que drogas duras como la heroína y la cocaína puedan ser vendidas sin ningún impedimento, por ejemplo a los jóvenes; igual de inimaginable es que las drogas duras sean más fáciles de obtener que los medicamentos con receta. Siempre se impondrán restricciones a la venta y en consecuencia siempre seguirá existiendo un mercado negro. Por eso la despenalización total de las drogas es una ilusión. y ya para terminar, me gustaría decirles algo acerca del futuro de la política sobre drogas en Holanda. Vemos que hay cada vez más apoyo en nuestro país para una política más estricta en cuanto al alcohol y al tabaco. Por eso una política tolerante sobre drogas blandas será cada vez menos probable. Mi pronóstico a largo plazo es que continuará la tendencia actual en Holanda hacia una política sobre drogas más restrictiva. Y dentro de unos 10 años la política holandesa sobre drogas ya no discrepará sustancialmente de la del resto de Europa.114 (Las cursivas son nuestras).
El Gobierno holandés se encuentra en este momento evaluando su política antidroga. Hace poco se nombró una Comisión Técnica que estaría encargada de elaborar un informe con recomendaciones. El resultado ha sido que la Comisión no se ha pronunciado por la cancelación de la política de tolerancia pero tampoco a favor de un nivel de legalización mayor que el actualmente existente. En todo caso, los principales políticos de ese país han planteado una modificación de la política imperante debido al incremento del turismo de consumo de drogas y de la exportación de marihuana producida legalmente, generando problemas en otros países europeos vecinos.
Para concluir, en relación al modelo holandés, habría que añadir que se trata de un modelo que responde a una sociedad muy distinta a la nuestra. El liberalismo social de Holanda no necesariamente puede ser transportado a otros países.115 Asimismo, países como el nuestro no tienen una infraestructura sanitaria tan desarrollada como la de los Países Bajos ni con tantos recursos económicos, con capacidad de soportar un incremento de los consumidores.116 114 Ibídem, pp. 152-153.
115 DICKEy, Christopher y Friso ENDT. Ob. cit., p. 21.
116 VERMEULEN, Huibert. Ob. cit., p. 175.
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Finalmente, y esto es lo más importante, en América Latina impera una realidad totalmente distinta a la de Holanda pues en general hay más problemas con drogas duras que con drogas blandas. Además, la influencia y presencia económica del cultivo y del tráfico de drogas es mucho mayor en países como Bolivia, Colombia y Perú que en los Países Bajos,117por lo cual, sus metas y objetivos en la lucha contra el narcotráfico son también diferentes.
4.2. Suecia
Este país legalizó las drogas en 1975 y la consecuencia fue que en un solo año de aplicación de esta nueva política, aumentaron los delitos, las enfermedades mentales y la violencia social. Esto motivó un cambio en la legislación, considerándose ilegales el uso y la posesión de cualquier cantidad de drogas, política que ha merecido el respaldo del 80% de la población. Sobre el particular, señala el informe de la ONU (2007): En septiembre de 2006, la ONUDD publicó el estudio titulado Sweden's Successful Drug Policy: a Review of the Evidence ("El éxito de la política sueca sobre drogas: examen de la realidad observada"), que incluye un análisis de las políticas sobre drogas aplicadas por Suecia desde el decenio de 1960. Tras tropezar con problemas en ese decenio (resultantes de experimentos con una normativa liberal de fiscalización de drogas), en las décadas de los 70 y los 80 Suecia logró reducir el grado de abuso de drogas, endureció las leyes antidrogas y emitió el claro mensaje político de que no se tolerarían las drogas ilícitas en la sociedad sueca. El éxito de Suecia obedeció a las decisivas medidas adoptadas tanto en lo que respecta a la oferta como a la demanda, entre otras cosas amplios programas de tratamiento y rehabilitación de los drogodependientes, sobre la base de un sólido consenso político. También contribuyeron a reducir el grado de abuso de drogas medidas como una mejor coordinación y financiación tras la puesta en práctica del plan de acción nacional, así como la creación del cargo de coordinador de la política nacional sobre drogas.118 Por tanto, Suecia es otro ejemplo del fracaso de la legalización, aunque hubo una rápida reacción de sus autoridades que evitó mayores daños.
117 Ídem. 118 SÁNCHEZ, Alejandro. Ob. cit., p. 157.
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4.3. Portugal
En julio de 2001, Portugal modificó su política antidroga, estableciendo que la adquisición y posesión de drogas para consumo personal no sería un delito sino una falta sancionable con una multa o medida administrativa. La aplicación de estas medidas dependería de las Comisiones para la Disuasión de las Toxicomanías, integradas por un jurista y dos miembros de equipos compuestos por médicos, psicólogos, sociólogos y expertos en servicios sociales. La cantidad de consumo permitida durante un periodo de 10 días sería 25 gramos de cannabis y 2 gramos de cocaína, aunque solo como referencia, pues la autoridad podría guiarse de otras pruebas para determinar el destino de la droga poseída.119 En los pocos años que lleva aplicándose esta nueva política, Portugal reporta algunos resultados positivos. Así, ha disminuido el número de prisioneros condenados por delitos de drogas (de 44% en 1999 a 28% en el 2005) contribuyendo a la disminución de la población penitenciaria. Asimismo se han reducido las muertes relacionadas por la heroína (de 350 en 1999 a 98 en el 2003) debido a que un gran número de consumidores entraron en tratamiento de sustitución.120 Sin embargo, también debe señalarse que las muertes relacionadas con el consumo de otras drogas han aumentado entre 1999 y el 2003. y asimismo, debe registrarse que si bien el consumo de heroína bajó considerablemente, el de cocaína y cannabis se incrementó, especialmente entre los jóvenes, aunque Portugal sigue estando por debajo de la media europea. Así, la prevalencia de vida del cannabis aumentó más de 4 puntos, esto es, del 7,6% en el 2001 al 11,7% en el 2007. 121 4.4. Gran Bretaña
A inicios de la década del 2000, el Gobierno británico anunció su decisión de reclasificar a la marihuana como una droga menos peligrosa (de la clase B a la clase C), lo cual fue respaldado por la Cámara de los Comunes. Sin embargo, en las elecciones del 2005, Tony Blair declaró que cada vez más pruebas médicas indicaban que el cannabis no era tan inofensivo como los partidarios de una política de legalización sostenían y el pueblo británico pensaba, señalando que el tema de la reclasificación debía ser analizado por el Consejo Asesor, quien debía elaborar un informe técnico, el cual debía incluir la relación entre cannabis y psicosis así como una variedad más potente del cannabis conocido 119 JELSMA, Martín. Ob. cit., pp. 4-5.
120 Ibídem, p. 6.
121 Ibídem, pp. 6-7.
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El 26 de enero de 2009, con Gordon Brown como Primer Ministro, se decidió finalmente reclasificar nuevamente el cannabis a la clase B, teniendo en cuenta las evidencias mostradas en el informe del Consejo Asesor sobre los efectos de esta droga,122 dejando de lado por tanto las tendencias liberalizadoras en relación al consumo del cannabis. No debemos olvidar que en el Reino Unido el 30% de las personas arrestadas por la comisión de algún delito arrojan positivo en sus exámenes de consumo de heroína,123 y un número menor por el consumo de cannabis. Esto último quizás explica porque el 58% de los británicos opinan que el cannabis debe considerarse una droga ilegal. 124 4.5. Suiza
Como ya lo señalamos anteriormente, en 1987, se permitió en Zurich el uso y la venta de drogas en una parte de la ciudad conocida como el "parque de las inyecciones", cuyo propósito era tener a todos los adictos en un solo lugar. Lo que sucedió es que tal medida provocó un "narco-turismo", es decir, muchos usuarios de otros países se comenzaron a desplazar a dicha ciudad para el consumo de drogas; pasando dicho parque de tener algunos cientos de consumidores a 20,000 adictos, provocando inseguridad y fomentando la prostitución. Esto motivó que en febrero de 1992 se tomara la decisión de cerrar el lugar.125 En el período de permisión, la venta de cannabis se incrementó en 200%, la policía registró en un solo año alrededor de 27,000 infracciones relacionadas con esta droga, unas 250 hectáreas de tierra fueron utilizadas para cultivar cannabis, produciendo más de 100 toneladas al año, entre otros efectos nocivos.126 Actualmente, el cannabis es un narcótico ilegal en este país. En el 2008, la población Suiza rechazó en un referéndum promovido por partidos de izquierda la descriminalización del consumo y la posesión de cannabis, así como que el Estado asumiera el control sobre la venta y la producción de sus derivados, apoyando más bien un mayor endurecimiento de la legislación vigente.127 122 SÁNCHEZ, Alejandro. Ob. cit., pp. 154-156.
123 REUTER, Peter y Franz TRAUTMANN. Ob. cit., p. 37.
124 Diario Gestión. Lima, 9 de marzo de 2010, p.32.
125 SÁNCHEZ, Alejandro. Ob. cit., p. 158.
126 Ídem. 127 Ibídem, p. 159.
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4.6. Estados Unidos de américa
Bajo la ley federal, la utilización, venta y posesión de cannabis en este país es ilegal, no obstante que algunos Estados federales han creado excepciones para el uso médico de la marihuana. En julio de 2009, el presidente Barack Obama declaró que la marihuana es peligrosa y no tiene beneficios médicos mientras que el Zar antidrogas Kerlikowske señaló que la legalización no estaba en el vocabulario del presidente y tampoco en el de él.128 Si bien el problema del uso de drogas sigue siendo muy extendido en los adolescentes de este país, según Naciones Unidas hay una declinación del uso de drogas ilícitas por parte de los jóvenes y los adultos jóvenes.129 Desde el 2001 el abuso de sustancias en general ha disminuido en 24% entre las personas de 12 a 17 años, sobre todo de cannabis. De la misma forma en los adultos jóvenes de 18 a 25 años, ha disminuido el consumo de toda clase de sustancias, excepto los analgésicos. Concluye el informe de 2009, señalándose que la percepción del riesgo entre los consumidores (temor a las sanciones penales) ha sido un factor decisivo para esta disminución, política que precisamente los "legalizadores" rechazan y buscan eliminar.
De otro lado, la existencia de tribunales especializados en narcóticos —propuesta interesante, celebrada por los sectores que plantean la legalización—, no ha traído los resultados que se esperaban. Como se sabe, en estos tribunales se suele ofrecer a los consumidores la posibilidad de elegir entre la prisión o el tratamiento, tal como sucede no solo en los Estados Unidos, sino también en Canadá, Australia e Irlanda. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, la evidencia empírica nos muestra que los resultados son desiguales, fracasando en algunos Estados federales de los Estados Unidos como California, pero también en algunos países como Irlanda. En efecto, en este país los resultados del Tribunal de Tratamiento de Estupefacientes de Dublín han sido decepcionantes pues, entre el 2002 y el 2008, solo habían sido admitidas 22 personas al programa de tratamiento (la quinta parte de los esperado) y de éstas solo el 17% completó el programa a satisfacción del Tribunal.130 4.7. canadá
En este país existe una tolerancia fáctica al uso de la marihuana, aunque no es legal en el país. El uso de esta droga en los adolescentes, a 25 años del inicio de un agresivo movimiento por la despenalización, está en su pico más alto. Asimismo, 128 Ibídem, p. 160.
129 Ibídem, pp. 163-164.
130 JELSMA, Martín. Ob. cit., p.8. 48 /La Legalización de las Drogas: ¿Una alternativa viable para el Perú?
la B:C:Bud, una variedad de marihuana que se cultiva en Columbia Británica, tiene aproximadamente el doble o más que el promedio nacional de THC.
Según el Estudio Nacional sobre las Adicciones, la prevalencia anual del consumo de cannabis en las personas mayores de 15 años aumentó mas de 7 puntos, esto es, del 6,5% en 1989 al 14,1% en el 2004. Asimismo, el cultivo ilícito de la planta de cannabis sigue creciendo, en parte por la no existencia de leyes que impongan penas severas por esta actividad (ONU, 2009).131 Finalmente, en algunos Estados de Australia se ha despenalizado la posesión de cannabis (Tasmania, Victoria y Queensland). En Australia del Sur la posesión de pequeñas cantidades de esta droga está también despenalizada y las multas son sumamente bajas.
Sin embargo, en los últimos años, las sanciones por cultivo de marihuana se han vuelto más severas, ya que su práctica se ha ido generalizando y es más frecuente encontrar cultivos a gran escala.132 De la evidencia empírica reseñada en este numeral se puede apreciar que varios países que iniciaron un proceso de legalización de las drogas, terminaron retrocediendo por el incremento del consumo y de la criminalidad; otro grupo de países descartó esta posibilidad de la legalización ante las evidencias científicas de los efectos nocivos del cannabis; mientras que un último grupo de países que han implementado políticas liberalizadoras, han tenido luego que ajustarlas y hacerlas más estrictas, obteniendo resultados positivos en el campo de la salud, pero sin resolver el problema del cultivo, tráfico y el de las mafias criminales. Adicionalmente, en este último grupo, no existen países con una realidad sobre el narcotráfico que siquiera se asemeje a la que vive el Perú.
En síntesis, no hay una sola evidencia empírica de que la política de legalización sea exitosa y menos aún que produzca todos o siquiera una parte significativa de los efectos positivos que le atribuyen los "legalizadores" y que analizamos extensamente en el punto 3 de este trabajo, lo que ratifica que tal propuesta no resulta una política alternativa viable que pueda resolver todos o gran parte de los problemas que se derivan del narcotráfico.
131 SÁNCHEZ, Alejandro. Ob. cit., pp. 165-166.
132 Ibídem, pp. 166-167.
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5. Un breve comentario sobre el Perú
La inviabilidad de una política de legalización no se opone, sin embargo, a la tendencia actualmente imperante, destinada a la despenalización del consumo de cantidades y tipos de drogas expresamente determinadas por ley. Como lo indicamos al comienzo de este trabajo, no debemos confundir la legalización con la despenalización, que es por lo demás, la posición asumida por nuestro país. En efecto, la posición del Perú en torno al tráfico ilícito de drogas se enmarca en las estrategias de prevención y control establecidas en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Esta política fue reafirmada en la Declaración Política y en la Declaración sobre Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Drogas, aprobadas en el Vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrada entre los días 8 al 10 de junio de 1998 y, posteriormente, por la Comisión de Estupefacientes de la ONU en su sesión de abril de 2009. Si bien la redacción del artículo 3 (2) de la Convención de 1988 es clara en el sentido de penalizar el consumo de drogas, sin hacer distinción de cantidades mínimas o máximas, lo cierto es que los países miembros han incorporado a su legislación nacional de manera diferente este tema, en parte, basados en la Convención de Esto ha generado que en el Derecho Comparado se puedan observar hasta tres modalidades distintas de implementar el artículo citado. Así, un primer grupo de países sanciona penalmente la tenencia o posesión de drogas para el consumo, como es el caso de Brasil. Un segundo grupo de países opta por tratar penalmente a los actos de posesión o tenencia de drogas cuando tengan por finalidad el tráfico ilícito o su comercialización ilegal para abastecer el consumo de terceros, como es el caso de España. Finalmente, un tercer grupo, penaliza la posesión de drogas para fines distintos al propio consumo o al tráfico ilícito como es el caso de Venezuela.134 133 El inciso 2 del artículo 3 de la Convención de 1988 declara punible "la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal". Sin embargo, sobre el particular es necesario recordar que el artículo 36, 1b de la Convención de 1961 permitía a los Estados que en vez de declarar culpables y sancionar penalmente a los consumidores, podían "someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social". 134 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. "Sobre el tratamiento penal de la posesión para el propio consumo de drogas en la legislación peruana". En: URQUIJO OLAECHEA, José. Modernas tendencias de dogmática penal y política criminal. Libro Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez. Lima: IDEMSA, 2007, p. 750.
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Incluso, entre los países que pertenecen al primer grupo, es decir, los que consideran punible la posesión o tenencia de drogas para el propio consumo, tampoco se sigue un solo modelo de regulación. En este sentido, países como Argentina, Panamá, Guatemala, entre otros, establecen penas privativas de la libertad como medida de sanción penal. Otros países como Bolivia o Ecuador aplican medidas de seguridad; mientras que un tercer grupo de países permiten que la pena privativa de libertad pueda ser sustituida por una medida de seguridad.135 Finalmente, una posición bastante extendida y distinta a las anteriores, señala la no punibilidad de la posesión de drogas para el propio consumo, cuando la cantidad poseída no exceda a la equivalente a una dosis personal, que varía de un país a otro. Este es el caso de México, Uruguay, Chile y Perú.136 En efecto, la Ley 28002, publicada el 17 de junio de 2003, prácticamente ratificó la vigencia del artículo 299 del Código Penal Peruano de 1991, al disponer lo No es punible la posesión de drogas para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de sus derivados.
Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos de drogas.137 135 Ídem.
136 Ibídem, pp. 750-751: En el caso del Perú la regulación no ha sido históricamente uniforme en relación a este tema. Así, el Decreto Ley 11005 de 1949 y el Código Sanitario de 1969 criminalizaron la tenencia de drogas para el propio consumo personal. Este mismo criterio fue asumido en un proyecto presentado por DEVIDA al Congreso en los años 90. Sin embargo, en 1972 la Ley 19505 decidió descriminalizar tal conducta al calificar al consumidor como un ser enfermo y víctima del narcotráfico al que debería aplicársele, en la jurisdicción civil, una medida adecuada a su estado. 137 La interpretación de este artículo tampoco es pacífica, pues un sector de la doctrina nacional entiende que la letra y espíritu de la norma limita la exención penal al caso que el poseedor de la droga tenga consigo las cantidades expresamente permitidas por ley y no más, así como al hecho de que no posea dos o más drogas y sea evidente que el consumo se va a producir de inmediato; sin embargo, otro sector de la doctrina nacional es más permisivo, e interpreta que el consumidor no podrá ser sancionado penalmente, independientemente de la cantidad de droga que posea e incluso de que tenga consigo dos o mas drogas. Esta vertiente se sustenta en el hecho de que el segundo párrafo del artículo 296 solo consideraría como conducta típica la posesión de drogas con fines de tráfico ilícito. En Europa por ejemplo, el factor determinante de la gravedad de un delito se encuentra más en la intensión que en la cantidad de droga poseída. Si bien la gran mayoría opta por mencionar pequeñas cantidades en sus leyes o directivas, se deja a discreción de los tribunales o de la policía determinar si la droga es para consumo o para tráfico. Sin embargo, fue esta la política que rigió en el Perú por algunos años, mereciendo una abrumadora crítica de la doctrina nacional, por los abusos y excesos en la discrecionalidad de nuestras autoridades.
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De esto se concluye que la posición peruana no es entonces la de una política de represión absoluta e indiscriminada contra los consumidores, como señalan en el Perú algunos de los partidarios de la legalización, sino por el contrario, la de una política integral y flexible frente al consumidor. Esto pone aún más en evidencia que las propuestas de legalización en nuestro país carecen de sentido.
En todo caso, compartimos la preocupación de que la norma vigente en el Perú sea correcta y adecuadamente aplicada por los operadores estatales (PNP, Fiscalía y Poder Judicial), de modo tal de evitar abusos. Fabián Novak / 53
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El análisis de la información y la evidencia empírica consultada a lo largo de este trabajo nos permite concluir que la propuesta destinada a la legalización de drogas está muy lejos de contar con argumentos sólidos que la sustenten, más aún cuando esta política pretende sustituir la actual política antidroga. Cualquier cambio debe estar sustentado técnica y científicamente, pues puede llegar a afectar seriamente la salud pública y la seguridad nacional. Los argumentos señalados a favor de la legalización resultan, en nuestro criterio, débiles y en la mayoría de los casos carecen de solidez. Asimismo, los pocos países que han experimentado con la legalización, han tenido en su mayoría que retroceder y volver a las políticas de restricción e incluso, los casos (1 ó 2) que han tenido éxito en cuanto al ámbito de la salud, no han logrado eliminar la criminalidad ni las mafias, el narco-turismo o incluso el incremento de los cultivos ilícitos o el consumo de otras drogas.
A todo esto, debemos añadir algo muy importante y es que los países difieren sustancialmente en la naturaleza del problema que deben enfrentar en relación a las drogas, por lo cual las políticas necesariamente tendrán que ser diferentes en sus metas y objetivos pero también en su metodología y planes de acción. No es posible por ejemplo, comparar la realidad del Perú y Colombia, donde la producción y el tráfico son los temas centrales, con Portugal donde el consumo es el tema de mayor preocupación, como lo es también en Australia o en Rusia, o con países como Turquía donde el tráfico de heroína es el punto de mayor atención, o Brasil que padece de una fuerte violencia por el tráfico de drogas. Esto ha sido reconocido por diferentes especialistas e informes de la Unión Europea, que en general, tiene y tiende a una política más liberal.138 Por tanto, creemos que nuestros esfuerzos deben concentrarse en pensar cómo mejorar nuestra estrategia antidroga, aplicada con éxito en San Martín, más que intentar importar modelos de resultados 138 REUTER, Peter y Franz TRAUTMANN. Ob. cit., p. 47.
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Source: http://idei.pucp.edu.pe/libros/legalizacion-drogas.pdf